Mexicali, BC.,El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJBC) ordenó al gobierno de Baja California entregar 22 millones de pesos que adeuda al Instituto Estatal Electoral (IEEBC) por subsidios, gastos y prerrogativas de noviembre y diciembre, a los partidos políticos, relacionados con el proceso electoral del próximo 2 de junio, cuando se renovarán la gubernatura, cinco alcaldías y 25 diputaciones locales.

En sesión, los magistrados electorales resolvieron cuatro medios de impugnación presentados por el IEEBC y los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y Transformemos (de registro estatal), por los que resolvieron emplazar a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California para que haga la transferencia de recursos financieros en seis horas, a partir de la notificación de la sentencia.

La tres magistrados que integran el TEPJBC consideraron que de manera injustificada la administración de Francisco Vega de Lamadrid ha sido omisa en entregar la cantidad reclamada, pues vulnera al instituto, en relación con su autonomía presupuestaria, indispensable para hacer frente a las actividades, fines y funciones consagradas en las Constituciones federal y local, así como la Ley Electoral local, para emprender las acciones de planeación y desarrollo de las etapas del proceso electoral.

Aunque el gobierno estatal argumentó que los recursos que suministran al IEEBC provienen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en razón del reciente cambio del titular del Poder Ejecutivo federal, el TEPJBC señaló la omisión y mandató a que se realicen las gestiones para cumplir con el presupuesto autorizado para el organismo electoral.

El TEPJBC puntualizó que las autoridades responsables de entregar los 22 millones de pesos no explicaron, ni demostraron por qué el cambio en la administración federal ha retrasado o impedido que se le entreguen los recursos federales a que se tiene derecho.

Por lo anterior, ordenó que tras contar con las cantidades respectivas, el IEEBC deberá entregarlas de inmediato a los partidos con las formalidades normativas a las que está sujeto, vinculándose a la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como al titular del Ejecutivo estatal para el debido cumplimiento.