La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local acordó revocar más de 70 plazas de base que se otorgaron de manera indebida durante el último año de la última Legislatura de la extinta ALDF.

El titular de la Oficialía Mayor del Congreso, Javier González Garza, explicó que la forma en la que se realizaron esas basificaciones violó lo señalado en la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo 2016-2018 para los empleados de base de la entonces ALDF, en particular por no haber sido contrataciones a pie de rama o última categoría ni en acuerdo con los sindicatos, y eso tiene implicaciones jurídicas muy complicadas para el Congreso.

Al trascender en agosto pasado las irregularidades en la asignación de plazas de base, el entonces asambleísta y en ese momento presidente de la Comisión Instaladora de la I Legislatura del Congreso, Alfonso Suárez del Real, explicó que para un trabajador contratado a pie de rama corresponde un ingreso neto de 15 mil 200 pesos, pero se otorgaron plazas de nivel más alto en el tabulador, incluso se generó uno nuevo de forma exclusiva para algunos de estos casos y las remuneraciones iban de 36 mil hasta 50 mil pesos, con las que se benefició a personas afines a los asambleístas Iván Texta Solís, Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez.

Según información obtenida vía transparencia, en este año la extinta ALDF otorgó 175 plazas de base, de las cuales son entre 70 y 80 las que serán revocadas.

El presidente del Comité de Administración y Capacitación del Congreso, Rigoberto Salgado Vázquez, de Morena, explicó que el pasado jueves, durante la discusión del presupuesto que ejercerá el Legislativo para el próximo año en la Jucopo, que preside el también morenista Ricardo Ruiz Suárez, se tomó también el acuerdo de rescindir la relación laboral para dichos trabajadores el 31 de diciembre.