l año que termina, como muchos en las tres décadas pasadas, fue trágico para los opositores al extractivismo y defensores del medio ambiente en nuestra nación.
De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros cinco años del sexenio pasado se suscitaron al menos 335 conflictos comunitarios derivados de la oposición de sus habitantes a los diversos megaproyectos que las empresas planearon instalar en sus territorios, como si se tratara de Terra nullis, sin tomar en cuenta los efectos negativos que acarrearan para su vida y muchas veces sin siquiera avisarles.
La doctora María Fernanda Paz, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que 75 por ciento de estos conflictos obedecen a la mercantilización del agua, el viento, los minerales y la biodiversidad, con fines extractivos, que por los métodos que se usan para lograrlo terminan contaminando el medio ambiente.
La cifra de conflictos es conservadora, pues sólo registra aquellos que trascienden la opinión pública; aun así refleja uno de los problemas centrales de las décadas pasadas, desde que el modelo extractivista de los recursos naturales se implantó en nuestro país y no terminará hasta que éste se cancele. Los conflictos socioambientales tienen diversos efectos entre los opositores, desde las inconformidades por los contratos leoninos de las empresas para pagar lo menos posible a los dueños de las tierras donde se encuentran los recursos naturales que se buscan extraer, pasando por amenazas, privación ilegal de la libertad y asesinato de los opositores. De acuerdo con el New York Times, en la década pasada se cometieron 125 crímenes contra defensores del ambiente en México, de los cuales 82 eran indígenas, es decir, en dos de cada tres casos.
Dentro de las luchas que los mexicanos sostienen en defensa de los recursos naturales, que formalmente son propiedad de la nación, hasta ahora sobresale la que sostienen contra los proyectos mineros. Se ha dicho, y con razón, que de todas las leyes que regulan los recursos naturales en nuestro país, la minera es de las más laxas y, por realizarse a cielo abierto, es de las más contaminantes y de las que menores recursos económicos aportan a las finanzas públicas. Sólo como ejemplo: la actividad minera es preferente sobre cualquier otra que pudiera realizarse en la tierra bajo la cual se encuentra el mineral a explotar, basta un tipo de concesión para que una compañía pueda explotar, extraer y poner en el mercado el mineral, la cual es por 50 años prorrogables por otro periodo igual, y por la concesión se paga apenas entre cinco y 124 pesos por hectárea.
Otra actividad económica que comienza a tener una gran importancia económica es el acceso a los recursos genéticos, asociados a conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y campesinos. En octubre de 2014 entró en vigencia el Protocolo de Nagoya, un tratado internacional cuyo objetivo es permitir la entrada al mercado de este tipo de bienes que hasta ahora han sido comunes; para facilitar este propósito, el anterior gobierno solicitó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) asesoría para implementar dicho protocolo, sobre todo, elaborando instrumentos –protocolos comunitarios les llaman– para proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, mismos que se han venido realizando al margen de los derechos reconocidos a los pueblos y más como instrumentos de negociación.
No está claro que las políticas sobre estas dos materias vayan a cambiar en el gobierno que recién comenzó. La duda proviene, entre otros aspectos, del hecho que en aéreas que tienen que ver con ellas se ha colocado a funcionarios proclives a ellas. Un caso es el nombramiento como subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat a una persona que en el sexenio pasado se distinguió por promover consultas a modo, de tal manera que los planes de empresas que afectaban derechos indígenas salieran adelante; otro es el del subsecretario de Minería, quien no ha tenido empacho en respaldar abiertamente a la empresa minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, no obstante que los habitantes de Ixtacamaxtitlán se oponen a que se instale en su territorio y tienen demandas de amparo en curso.
Con esas señales que se envían pareciera que, como en la administración pasada, el gobierno que comienza pretendiera seguir litigando contra los pueblos y en favor de las empresas, cuando lo deseable es que se rectifique y se cambie el modelo de explotación de los recursos naturales del país, al menos que se quiera mantener el saqueo de ellos y que los conflictos socioambientales continúen y muy probablemente aumenten si las condiciones que los generan persisten, hasta convertirse en factor de ingobernabilidad, situación que nadie desea.
