nte la magnitud del robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), fenómeno delictivo calculado en casi 60 mil barriles diarios –o una cantidad equivalente a la que cabe en 600 pipas y con valor de 200 millones de pesos–, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta acción delictiva se ha venido realizando por personal de la empresa del Estado; “hay la hipótesis –dijo– de que de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos; (ésta) era una especie de pantalla”, en tanto que el resto se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. El mandatario agregó que si bien no hay por lo pronto elementos para imputar a directivos de Pemex, de que sabían, sabían, porque diariamente se levantaba un reporte del faltante. Señaló asimismo que el operativo criminal incluía la distribución del combustible sustraído y de la construcción, por parte de contratistas de la empresa, de depósitos para almacenar lo robado.

Por su parte, el nuevo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que en 2016 el robo de combustibles representó pérdidas por 30 mil millones de pesos, cifra que se elevó el año siguiente a 59 mil millones y que en el año que está por concluir suma ya 66 mil 300 millones.

Más allá de las acciones de vigilancia anunciadas por el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, de las advertencias formuladas por su par de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al dirigente sindical Carlos Romero Deschamps, y de las acciones legales anunciadas por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, el astronómico volumen del saqueo a Pemex hace ineludible una acción de esclarecimiento de gran escala y una minuciosa revisión de las cuentas de los pasados sexenios de la empresa estatal, porque es un secreto a voces que el despojo no data de los años recientes sino que se remonta a décadas atrás.

Hasta ahora, además de la inexplicable facilidad con la que eran pinchados los ductos de Pemex, y que hacía suponer que los huachicoleros contaban con información y encubrimiento al interior de la empresa, mucho se podía inferir del insultante y vertiginoso enriquecimiento de líderes y funcionarios petroleros, del escándalo conocido como Pemexgate –el desvío de cerca de mil 500 millones de pesos de la empresa a la campaña del candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa en 2000– y la completa opacidad con la que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón administraron el producto de los sobreprecios petroleros a lo largo de 12 años.

Pero no es sino hasta ahora que se puede tener una cuantificación del robo a Pemex y el país se encuentra ante uno de los más lacerantes desfalcos, una suerte de huachicoleo oficial e institucional ante el cual no se puede desviar la mirada ni incurrir en omisiones en materia de procuración de justicia, porque sumado a los efectos desastrosos de la reforma energética, este saqueo sistemático, que se ha perpetrado no sólo en Pemex, tiene una relación causal directa con las condiciones miserables de muchas escuelas públicas, las lacerantes carencias del sistema de salud, la anemia presupuestal de los programas y servicios a la población y la debilidad de un aparato gubernamental que fue convertido en ventanilla para gestionar privatizaciones y, como lo indica la información comentada, en mecanismo de enriquecimiento inmenso y delictivo para miles de funcionarios.