El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones la iniciativa de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, que impide a los servidores públicos recibir un pago por el desempeño de su cargo superior al fijado para el titular de la Jefatura de Gobierno; prohíbe la retribución de bonos, prestaciones o compensaciones no previstas en la ley, como la contratación de seguros privados de gastos médicos y de separación individualizada.

Con la expedición de esta ley, una vez que se apruebe hoy en la sesión del pleno, el Legislativo establecerá además en el Código Penal el delito de remuneración ilícita, que prevé sanciones que van de tres meses y hasta 14 años de cárcel, así como multas de 30 a 3 mil veces la unidad de medida y actualización (Uma) a los servidores públicos que promuevan, autoricen o efectúen, así como reciban pagos o prestación que violenten las disposiciones de la nueva legislación, dependiendo del monto del beneficio otorgado en forma indebida.

Para el caso más grave, cuando dicho monto es mayor a 3 mil veces la Uma, se impondrá además la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo en la administración pública por seis y hasta 14 años.

El proyecto de dictamen aprobado en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, prevé que el Presupuesto de Egresos deberá contener el tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la administración local.

La nueva ley prevé en sus transitorios que las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial local y de los titulares de los organismos autónomos y descentralizados actualmente en funciones no podrán ser disminuidas hasta que concluya el plazo determinado para ocupar dicho encargo y sea sustituido por otra persona, lo mismo en el caso de los servidores públicos que a la entrada en vigor de la ley perciban una remuneración igual o mayor a la del titular de la Jefatura de Gobierno.

Entre las disposiciones de austeridad, la norma señala que ningún servidor público dispondrá de servicios de escolta ni vehículos blindados, con excepción de los responsables de las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia; prohíbe las plazas de secretario privado y sólo contarán con secretario particular los titulares de la Jefatura de Gobierno, así como de las alcaldías, las secretarías y subsecretarías o cargos homólogos.