osotros vamos a emprender la lucha callejera, como lo sabemos hacer los movimientos sociales y nuestro único objetivo será, ‘Libertad de los presos políticos’”, exponen integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero. Al mismo tiempo que señalan que en Guerrero pasan presidentes, gobernadores y nadie asume la libertad, pero siempre se heredan los encarcelados a los que siguen como autoridad. Aquí pasará lo mismo, si el 31 de diciembre de 2018 no se libera a los p Peña Nieto, pasarán a ser de Andrés Manuel López Obrador.

Declaraciones van y vienen y, sin embargo, los presos políticos siguen habitando en las cárceles de todo México. Políticos de los diferentes partidos y colores utilizaron en campaña la bandera de la prisión para legitimarse y llegar al poder; mantas, carteles, declaraciones públicas, promesas a familiares y al pueblo de México se escucharon en televisión, radio y redes sociales, expresan los integrantes de este movimiento y declaran que el deterioro de la vida de las personas injustamente recluidas, se acelera, como la de Gonzalo Molina y Marco Antonio Suástegui, miembros de la CRAC-PC.

En la entidad, el Movimiento de los Presos Políticos del Estado de Guerrero es una agrupación de familiares, amigos, ex presos políticos del estado y organizaciones de la entidad, tales como el Consejo de Ejidos Opositores a la Presa La Parota, de los comités de enlace y las casas de Justicia (excepto la de San Luis Acatlán) de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del Frente Popular de Tlapa (FPT), el colectivo El Grito, el Movimiento Popular Guerrerense de la Región de la Montaña, de la Organización Independiente de Guerrero, y otras más.

La organización se propone realizar acciones por la libertad de los 18 comuneros y policías comunitarios. Se han entrevistado ya con la secretaria de Gobernación para exponer dos propuesta de libertad sin pasar por la amnistía. La primera consiste en el desistimiento de la acción penal por parte de la fiscalía del estado, eso en virtud que no existen elementos de prueba, y segunda, la vía del amparo contra el auto de vinculación a proceso, propuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informan Kenia Hernández y Arturo Campos, consejeros de la CRAC-PC, además de seguir apelando al pueblo de México para llevar a cabo la movilización pacífica.

El Partido Revolucionario Institucional gobierna a los guerrerences, los cacicazgos en las regiones se mantienen y controlan a la mayoría de los grupos de poder y del crimen organizado en gran parte del territorio. La lucha contra la inseguridad en el estado y la defensa del territorio contra proyectos extractivos son la consecuencia de los encarcelamientos de campesinos e indígenas en toda la entidad.

La esperanza no llega y se vuelve una tortura para las comunidades que tienen comuneros, ejidatarios y familiares en las cárceles de todo el país. Es por ello que en voz de Kenia Hernández Montalván, consejera de la CRAC-PC (que agrupa más de 200 comunidades de la Costa Chica y Montaña, expone: “Andrés Manuel López Obrador anunció que el primero de diciembre se liberarían a presos y ya pasaron 30 días y nada, tomó protesta y no pasó nada, después publican una lista de posibles amnistías, pero tampoco nos preguntan si queremos el ‘perdón’. Nosotros queremos la libertad inmediata de nuestros compañeros”.

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, no se queda atrás en las declaraciones ante una posible liberación de los presos políticos: yo no veo presos políticos en Guerrero. Si hubiera estaríamos en otra circunstancia, de convulsión. Arturo Campos, ex preso político, menciona todos los compañeros están presos por defender sus ríos, sus bosques, su tierra, su seguridad, todos ellos tienen un motivo político que los ha llevado a la cárcel por gobiernos o caciques.

El estado de Guerrero es uno de los que ha aportado para la República luchas y visiones a procesos democráticos, libertarios y de organización comunitaria. Su lucha también ha costado vidas y encarcelamiento. Baste mencionar las encabezadas por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas u Othón Salazar.

Los derechos humanos son históricamente letra muerta en Guerrero. No podemos olvidar matanzas como las de El Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa; los ecologistas asesinados; la eliminación selectiva de activistas en toda la entidad; la esterilización forzada de indígenas hombres y mujeres; los feminicidios; los desplazados por el crimen organizado, además de los miles de asesinados, torturados y desaparecidos por sicarios. Son algunos de los problemas de este estado.

Para los integrantes de este nuevo movimiento es una incongruencia que se hable de democracia cuando existen militares en la calle y presos políticos en la cárcel. Y en el escenario nacional se multiplican los comités por la libertad de los presos políticos de la comuni-dad de Tlanixco y de Salazar en Lerma, estado de México, un ayuno colectivo por parte de los presos de Chiapas, de Eloxochitán en Oaxaca, de los Yaquis en Sonora, de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Guerrero, Adrián Sotelo y demás, injustamente presos.

*Periodista