l 25 de diciembre por la mañana Donald Trump habló con los periodistas de la Casa Blanca, apartándose del ambiente festivo propio de la fecha. Reiteró no estar dispuesto a aprobar arreglo presupuestal alguno que no incluyese los fondos que exige para seguridad fronteriza, en especial la construcción del muro, aun si se prolongase el cierre parcial de su gobierno. Al hacerlo, reforzó la agrevisa, insultante retórica con la que suele aludir al tema.

La víspera, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaron la actitud mexicana ante la reciente e ilegal vuelta de tuerca de la política migratoria estadunidense para expulsar hacia México a los solicitantes de asilo en espera de que su caso sea escuchado y decidido por las autoridades migratorias. Al hablar del muro, Donald Trump no aludió al impacto de sus acciones e intenciones sobre la relación bilateral; al anunciar la posición de México ante éstas, el Presidente reiteró el deseo de preservar una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo, al tiempo de mantener los principios de defensa y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Quizá nunca había sido tan evidente el contraste de actitudes e intenciones.

Hace un mes, al abordar esta situación (Refugiados: multilateralizar, La Jornada, 29/11/2018), sugerí complementar el enfoque bilateral, con un acercamiento multilateral al tema que, además de facilitar las acciones nacionales y bilaterales, permitiese perfeccionar la forma en que la comunidad internacional responde a las situaciones críticas de demanda de refugio, para asegurar una mejor distribución de los costos y responsabilidades resultantes, a lo que se orienta el Pacto Mundial sobre los Refugiados, adoptado el 17 de diciembre por la Asamblea General de la ONU.

A nadie escapa que para el abordaje multilateral del tema no podrá contar por ahora con Estados Unidos –que junto con Hungría votó en contra, frente a 181 en favor (y tres abstenciones). Por cierto, los que apoyaron el pacto no deberían demorar el tejido de las redes de cooperación previstas por el propio instrumento.

La decisión de Estados Unidos de impedir que quienes buscan asilo permanezcan en su territorio mientras se desahogan sus solicitudes –lapso que ahora se estima puede alcanzar tres años– no sólo contraría la práctica internacional sino, según expertos de ese país, contraría también su propia legislación, al aplicar a solicitantes de refugio procedimientos definidos para otras calidades migratorias. Además, forzar a esos solicitantes a esperar en el exterior no extingue las obligaciones legales de Estados Unidos frente a ellos. No debe perderse de vista el proceso legal de este asunto en tribunales estadunidenses, que puede dar lugar a un vuelco de la situación que ahora se plantea.

México asume, como sustento básico de la actitud anunciada el 24 de diciembre, la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en [su] territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal y familiar. Al plantear esta motivación, es imposible no tener en cuenta que, por el momento, constituye apenas un planteamiento aspiracional. La situación que en realidad se enfrenta fue descrita, con crudeza, por el canciller en la misma fecha: Hoy en día para los migrantes que transitan por nuestra nación la experiencia la podemos denominar de una sola forma: es un horror. Vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. Se requerirá, más allá de expresar la aspiración, un trabajo de fondo: constante, persistente y eficaz. Sus resultados no están garantizados.

El debate sobre la calidad de tercer Estado seguro, que ha ocupado a la prensa mexicana en las pasadas semanas, resulta, en las circunstancias, casi académico. Es indudable que México debe solventar la intolerable asignatura pendiente de ofrecer garantías a los migrantes que transitan, se establecen o son regresados a su territorio, al tiempo de procurar un trato equivalente para los emigrados nacionales, independiente de su calidad migratoria. No puede hacerlo –como acertadamente señaló hace unos días el nuevo responsable del Instituto Nacional de Migración– de un día a otro y bajo presión externa, podría agregarse. Supone adoptar transacciones difíciles en materia de uso de recursos siempre escasos, en lo material y en lo humano.

Supone también diseñar estrategias viables para cubrir la brecha, quizá de varios años, entre la situación actual, que debe resolverse de inmediato, y el momento indefinido del futuro en que los programas de crecimiento, empleo y reconstrucción social ofrezcan una alternativa real a la emigración desde el triángulo del norte de Centroamérica. Hay que avanzar, con paciencia y habilidad diplomática, en la construcción de acuerdos multilaterales viables.