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Presenta Morena iniciativa para eliminar el fuero en el estado de México
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2018, p. 22

Toluca, Méx., Azucena Cisneros Coss, diputada de Morena en el Congreso mexiquense, presentó ayer al pleno una iniciativa para eliminar el fuero a diputados, alcaldes, magistrados y otros funcionarios para que puedan ser procesados como cualquier ciudadano cuando falten a las responsabilidades que corresponden a su cargo.

La iniciativa plantea reformar los artículos 30, 42, 61, 131, 132 y 136 de la Constitución local; sin embargo, los acusados conservarían la inmunidad para no ser detenidos cuando desempeñen el cargo.

A la fecha, 14 de 32 entidades de la República han eliminado el fuero, entre ellas Colima, Campeche, la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.

A decir de la diputada de Morena, el fuero se ha convertido en un mecanismo de evasión de responsabilidades por delitos y faltas administrativas.

La presente iniciativa pretende la eliminación del fuero, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes. Se propone que los servidores públicos que ahora gozan del fuero puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad, detalla la propuesta.

Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, notificará a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó. Una vez que exista sentencia condenatoria firme ejecutoriada, se comunicará a la dependencia del imputado para el único efecto de que ésta tome conocimiento y se proceda a la ejecución de la sentencia ordenada por la autoridad judicial.

Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían al gobernador, diputados y magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los presidentes municipales.

En la iniciativa, que fue turnada a la comisión de gobernación y puntos constitucionales y procuración y administración de justicia, se aclara que la inmunidad no impide la averiguación previa ni el ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos.