Entre los primeros presos políticos que podrían ser liberados figuran luchadores sociales, policías comunitarios, maestros, estudiantes e indígenas de Oaxaca y el estado de México recluidos por defender sus tierras y sus recursos naturales.

Del listado de 199 presos de conciencia que la senadora de Morena Nestora Salgado entregó a la Secretaría de Gobernación, se dio a conocer a los primeros 25, entre ellos los seis indígenas de Tlanixco, que mantienen una lucha desde hace más de una década por la defensa del agua en esa comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca, en el municipio de Tenango del Valle.

Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles fueron sentenciados a 70 años de cárcel acusados falsamente de la muerte de un empresario, en un proceso lleno de irregularidades.

Igualmente en esa lista de quienes podrían ser liberados están indígenas de la comunidad de Salazar, perteneciente al municipio de Lerma. Son Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril, Yuriko Becerril Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas y Cutberto Vilchis García, quienes enfrentan prisión domiciliaria por la férrea defensa de su territorio.

También, Fidencio Aldama Pérez, de la tribu yaqui, en Loma de Bácum, sometido a proceso por oponerse a la instalación de un gasoducto en su territorio. Asimismo, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache, dirigentes comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón, encarcelados por defender sus recursos naturales y la autonomía de ese municipio ubicado en la región cañada de Oaxaca.

En ese primer listado de presos políticos que pueden ser liberados por el gobierno federal está Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en lucha desde hace 15 años en contra de la construcción de ese proyecto hidroeléctrico en Guerrero.

También, los profesores Máximo Delgado Mójica y Sara Altamirano Ramos, la estudiante Lucía Baltazar Miranda y el defensor de derechos humanos Enrique Guerrero Aviña.