El Paso. Texas. Un niño guatemalteco de ocho años de edad falleció este lunes mientras estaba en detención por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, en lo que constituye el segundo caso de un menor indocumentado que muere bajo custodia de la patrulla fronteriza este mes.

El gobierno de Guatemala pidió este martes a Estados Unidos una investigación clara del deceso, en un caso similar al de la menor Jakelin Caal, quien falleció hace dos semanas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el menor falleció después de la medianoche.

El niño, identificado como Félix Gómez Alonzo, mostraba síntomas de una potencial enfermedad el lunes y fue llevado con su padre, Agustín Gómez, de 47 años, a un hospital en Alamogordo, Nuevo México, a unos 145 kilómetros de la frontera con México, en El Paso, Texas, indicó la CBP. Allí, agregó la agencia, se diagnosticó que el menor estaba resfriado y tenía fiebre. Se le recetó amoxicilina e ibuprofeno y fue dado de alta el lunes después de estar 90 minutos bajo observación, detalló la agencia.

La CBP dijo que esa misma noche el niño fue llevado de vuelta al hospital con náuseas y vómitos y que falleció poco después. Añadió que no se ha determinado la causa del fallecimiento y que avisó tanto a la inspectoría interna del Departamento de Seguridad Nacional como al gobierno de Guatemala.

El hospital Gerald Champion Regional Medical Center se negó a hacer comentarios por regulaciones de privacidad.

La agencia prometió una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias del deceso.

Las autoridades indicaron que padre e hijo ingresaron a Estados Unidos por El Paso, Texas, el 18 de diciembre y el domingo fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo.

Un portavoz del CBP se negó a dar detalles sobre el caso este martes, aunque prometió que pronto se dará a conocer más información.

En ese contexto, Guatemala pidió a Estados Unidos una investigación sobre la muerte del niño, al tiempo que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales, pidió desde Ginebra una investigación exhaustiva e independiente de la muerte de Jakelin Caal.

En los primeros días del mes, Jakelin Caal, niña guatemalteca de siete años, falleció tras ser detenida por agentes fronterizos. El cuerpo regresó al remoto pueblo donde vive su familia, donde este lunes fue sepultada.

La pequeña comunidad indígena guatemalteca de San Antonio Secortez despidió a Jakelin, muerta por causas no reveladas en un hospital de Estados Unidos, tras ingresar clandestinamente al país junto a su padre y ser detenidos por la patrulla fronteriza.

Nery Caal cruzó ilegalmente la frontera estadunidense junto con su hija a través del desierto, siendo detenidos el 6 de diciembre en Nuevo México con un grupo de 163 migrantes.

Luego de la detención, la menor presentó fiebre, vómitos y convulsiones, y fue atendida inicialmente por socorristas de la patrulla fronteriza para luego ser llevada vía área a un hospital en la ciudad de El Paso, donde murió el 8 de diciembre.

Aunque no se ha revelado la causa oficial de la muerte debido a que el caso sigue en investigación, Jakelin habría fallecido por “deshidratación y shock”, según The Washington Post, que citó a la CBP.

Nery permanece en Estados Unidos con un permiso otorgado por las autoridades migratorias.

La CBP anunció nuevos procesos para las notificaciones tras la muerte de Jakelin, la cual se conoció varios días después.

Legisladores demócratas y defensores de los migrantes criticaron duramente a la agencia fronteriza por la muerte de la niña y cuestionaron si los agentes pudieron haber evitado el deceso de Jakelin si la hubieran trasladado más rápido al hospital en una ambulancia aérea.

La CBP informó que pasaron varias horas para que transportaran a Jakelin y su papá desde una remota instalación de la Patrulla Fronteriza a una estación más grande y de ahí a un hospital en El Paso.

Esto es inexcusable, dijo Xochitl Torres Small, demócrata que representará al distrito a partir de enero. En lugar de actuar de inmediato para mantener a los niños y a todos nosotros a salvo a lo largo de nuestra frontera, esta administración obligó a un cierre del gobierno por un muro.

La batalla presupuestal generó un cierre parcial de las operaciones del gobierno. La Casa Blanca no comentó este martes sobre la muerte del niño guatemalteco. Las autoridades de la CBP y de la Patrulla Fronteriza siguen laborando pese al cierre de operaciones.

Con mensajes de te amamos y te extrañamos escritos en globos y carteles, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Jakelin en la vivienda de sus abuelos, que funcionó como capilla improvisada. La menor fue sepultada en el cementerio de Raxruhá el día de Navidad.

Nunca pensamos que íbamos a pasar una Navidad triste, dijo a la agencia de noticias Afp Carlos Caal, tío de la menor, durante el velorio en San Antonio Secortez, comunidad del municipio maya quiché de Raxruhá, unos 145 kilómetros al norte de la capital.

Carlos Caal comentó que han recibido la solidaridad de los pobladores de la región quienes salieron al paso de la carroza fúnebre que llevó el ataúd. Algunos llevaron alimentos a la familia.

El pasado 30 de noviembre Nery Caal, de 29 años, salió junto con su hija Jakelin rumbo a Estados Unidos en busca de trabajo, según relató en idioma quiché su esposa y madre de la niña, Claudia Maquín.

Muchos de los pobladores del lugar apenas subsisten con seis dólares diarios como agricultores, sobre todo durante la cosecha de maíz.

De acuerdo con una encuesta oficial, publicada en 2015, poco más de 59 por ciento de los 16.1 millones de guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, que alcanza a casi 80 por ciento de las comunidades indígenas.

Por otro lado, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes exigió este martes la renuncia de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Inerior, tras la muerte del menor. ¿Cuántos niños más deben morir mientras están bajo custodia de las agencias del Departamento de Seguridad Interior antes de que el Congreso emprenda una investigación exhaustiva de los hechos y cese toda financiación para el arresto, la deportación y la muerte de más migrantes?, preguntó Angélica Salas, directora de la organización.