as transformaciones anunciadas, proyectadas, emprendidas o tempranamente efectuadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abarcan casi todos los ámbitos de la administración pública. Implican la revisión a fondo de ésta y afectan a un conjunto de estructuras a menudo ineficientes, burocráticas, anquilosadas y en algunos casos de dudosa transparencia. Constituyen, en tal sentido, la saludable recomposición de un aparato estatal urgido de cambios.

El necesario ejercicio de sanear las instituciones, sin embargo, debe incluir la evaluación desapasionada de los planes, programas y organismos de apoyo existentes para verificar si tienen aspectos positivos y funcionales o si en el proceso resultan perjudicados beneficiarios legítimos de aquéllos. En otros términos –y especialmente cuando se trata de grupos vulnerables– hay que evitar que las medidas orientadas a erradicar gestores e intermediarios que hacen mal uso de los recursos acaben por perjudicar a usuarios que, aun de manera imperfecta, recibían un beneficio indispensable para la subsistencia.

La evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elaborar el paquete presupuestario de 2019 –según la cual por lo menos unos 70 programas sociales de incidencia federal son altamente prescindibles y apenas 7 por ciento de ellos resultan esenciales– obliga a examinar con cuidado el alcance y la eficacia real de esos programas para evitar el riesgo de agravar la de por sí difícil situación por la que atraviesan muchos mexicanos y mexicanas en situación de vulnerabilidad. Conviene recordar que aun cuando este concepto tiene muchas definiciones, básicamente designa a los sectores o grupos poblacionales que por diversas características (edad, sexo, origen étnico, entre otras) no tienen condiciones para incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

No ha trascendido –públicamente al menos– cuáles han sido los criterios utilizados por la SHCP para confeccionar el índice de prescindibilidad que determina cuáles programas de atención a la población más pobre del país cumplen con su función y cuáles son sencillamente un desperdicio de recursos. Porque si la evaluación se limitó a una fría ecuación cuyas variables fueron sólo las nociones de asignación, costo y gasto estaríamos frente a una mera operación que a lo mejor es técnicamente correcta, pero que carece de la sensibilidad social indispensable a la hora de valorar la pertinencia de programas como los comentados. Es de esperar que no haya sido así; pero la desaparición, por ejemplo, del apoyo a los jornaleros agrícolas (probablemente el sector más desprotegido y marginado de nuestro país) da qué pensar sobre la idoneidad social del mencionado índice. Algo parecido sucede con la desaparición de los programas de Comedores Comunitarios y de apoyo a las infancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

A los fines del paquete presupuestario, 48 por ciento de los programas sociales fueron rotulados como muy prescindibles; 31 por ciento tienen prescindibilidad media y el resto –hasta completar el total– se reparten en clasificaciones que van desde los que tienen oportunidad de mejorar hasta los pocos que, en opinión de la SHCP, merecen ser conservados y financiados.