La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se revisan todos los contratos que firmó la anterior administración para concesionar el predio La Mexicana a los grupos inmobiliarios Danhos y Copri, para que edificaran mil 600 viviendas a cambio de la construcción de un parque en ese lugar.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria local detalló que antes de responder a la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, que detuvo todo tipo de trabajos de construcción presentes y futuros en dicho predio, se busca establecer si estos acuerdos fueron benéficos para la capital del país y si realmente ocurrieron en las mejores condiciones para el aprovechamiento de los recursos públicos.

Ya fuimos notificados por el tribunal y la Consejería Jurídica; la Seduvi y el Invea están trabajando para revisar todo lo que tuvo que ver con La Mexicana. Los contratos, cómo se hicieron y saber si este proceso fue benéfico para la ciudad, expuso.

La Jornada publicó ayer que el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la suspensión de todo tipo de obras, desde ahora y en un futuro, que se realicen en las 28 hectáreas del terreno, 70 por ciento del cual se destinó para la construcción del parque La Mexicana, que fue financiado y desarrollado por los grupos Danhos y Copri, que podrán construir a cambio mil 600 viviendas en la superficie restante.

Otro de los contratos se efectuó con la Asociación de Colonos de Santa Fe, que tiene la concesión de explotar de forma comercial los locales que se harán en el parque con el propósito de obtener los recursos necesarios para su mantenimiento, operación y vigilancia.

La suspensión del tribunal se concedió en respuesta a la acción pública que presentó un grupo de vecinos con el número de expediente TJ/V-115615/2018 en contra de la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de la concesión para el uso y explotación del parque público, que trajo posteriormente la firma de contratos y convenios, en los que a decir de los quejosos, no existe constancia de que resulten de mayor beneficio y utilidad pública para el gobierno capitalino.

Argumentaron que la autoridad violentó su derecho a la ciudad, la cual incluye al de desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, así como la participación en planificación y gestión urbana.