La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se sumó a las manifestaciones de preocupación por el proyecto de dictamen respecto a la creación de la Guardia Nacional.

En una misiva que envió el 19 de diciembre de este mes a la Cámara de Diputados, el representante de ONU-DH en el país, Jan Jarab, reiteró su preocupación por el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate a la criminalidad.

Expuso que de aprobarse sin cambios, “se consolidaría –a escala constitucional– el paradigma militar en materia de seguridad, mismo que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México”, y se perjudicaría la posibilidad de en un futuro tener una corporación civil capaz de ejercer tareas de seguridad pública en estricto apego a los estándares internacionales.

Señaló que la estrategia iniciada hace más de una década no ha dado los resultados esperados, produciéndose un incremento de la violencia y de las violaciones a las garantías individuales.

Desde la ONU-DH se alentó al Estado mexicano a adoptar una fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública que garantice el carácter excepcional y temporal de su participación en estas actividades; que asegure la supeditación de éstas a la autoridad civil.

También, que fortalezca las capacidades de las corporaciones civiles; que fomente la corresponsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno e incorpore un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos.

Por lo anterior, alentó a los diputados a reconsiderar los contenidos del proyecto de dictamen y llamó a establecer un espacio real de deliberación, abierto, plural e incluyente que garantice, entre otros, la participación efectiva de víctimas de violaciones a derechos humanos, especialistas y organizaciones, entre otros.

A la misiva se agregó un anexo en el que destaca elementos que serían problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos en caso de que se aprobara como se proponía.

Organizaciones de la sociedad civil continuaron con acciones para rechazar la Guardia Nacional con militares y marinos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló la evidencia acumulada durante los pasados dos sexenios muestra el incremento de la violencia a partir de la fallida política antidrogas basada en la confrontación abierta con grupos de la delincuencia organizada.