Estados Unidos llevó a México al límite para que aceptara el ingreso de migrantes, la mayoría centroamericanos, que entraron a su territorio de forma indocumentada y que tengan pendiente el desarrollo de un proceso sobre solicitud de asilo en ese país.

De manera unilateral –de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que inmediatamente comenzaría la implementación de una sección de la ley de inmigración que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país.

La medida se adoptó con la finalidad de encarar la crisis de inmigración ilegal que enfrenta Estados Unidos, de acuerdo con información del Departamento de Estado. Los inmigrantes que traten de burlar el sistema para entrar a nuestro país ilegalmente no podrán desaparecer en Estados Unidos, donde muchos evitan las audiencias judiciales a las que deben comparecer para seguir sus casos de solicitud de asilo, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Por su parte, la SRE anunció que a las ocho de la mañana de ayer recibió la comunicación oficial del gobierno estadunidense. En un documento dirigido al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, informó acerca de la medida de su gobierno.

En el texto enviado a la SRE se argumenta que “Estados Unidos está en el entendido que, de acuerdo con la ley de migración mexicana, el gobierno de México otorgará a dichas personas toda la protección procesal legal prevista en la legislación nacional e internacional aplicable. Esto incluye el derecho internacional aplicable sobre derechos humanos y las obligaciones como parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (y los protocolos de 1967), así como de la Convención contra la Tortura (…) Estados Unidos reconoce además que México está implementando sus propios protocolos soberanos de protección a los migrantes”.

Decisión soberana

México aceptó brindar protección a esa población por razones humanitarias. Esta medida unilateral los pone en una situación de enorme vulnerabilidad, indicó el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Alday González, en conferencia de prensa conjunta con el consejero jurídico adjunto, Alejandro Celorio Alcántara.

La decisión se adoptó con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, detalló Alday González, y fue una determinación soberana del gobierno federal.

Durante su estancia en México los migrantes gozarán de la protección que otorgan las leyes nacionales, podrán solicitar un permiso de trabajo y tendrán libertad de entrar y salir del país, señaló Alday, y quien así lo decida podrá solicitar la condición de refugio en la República Mexicana.

Por su parte, Celorio Alcántara explicó que la visa de ingreso por condiciones migratorias tendrá una vigencia de 180 días, con posibilidad de renovarla las veces que sea necesario.

En conferencia de prensa, José Antonio Zabalgoitia, encargado de negocios de la embajada de México en Washington, precisó que la medida se refiere sólo a los solicitantes de asilo y refugio en Estados Unidos. No vamos a aceptar deportados, aseveró.

En meses recientes Washington ha intentado convencer al gobierno de México de hospedar a la migración centroamericana que busca asilo en aquel país. Ya sea mediante el programa denominado Quédate en México o por un acuerdo de tercer país seguro.

Sin embargo, Celorio Alcántara negó lo anterior y detalló que un esquema de tercer país seguro significaría que la petición de asilo se tendría que desarrollar y desahogar en México, y consideró una imposición que el país de tránsito tenga que dar asilo al migrante.

En tanto, con el programa Quédate en México se asumiría que nuestro país tendría que conservar la custodia del migrante e imponerle tiempos y movimientos.