Sao Paulo. Fausto José Martins Seabra, juez del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, suspendió de sus derechos políticos por tres años a Ricardo de Aquino Salles, nombrado para la cartera de Medio Ambiente en el gobierno del presidente electo, el neofascista Jair Bolsonaro, por un delito de improbidad administrativa cuando fue secretario de Medio Ambiente de este mismo estado entre 2016 y 2017.

El fallo emitido la noche del pasado miércoles halló culpables a Salles y a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) de modificar un plan de protección ambiental alrededor de la cuenca del río Tiete para favorecer la actividad de grupos mineros.

Durante su gestión como ministro paulista, la fiscalía local le abrió una investigación por improbidad administrativa al considerar que alteró las propuestas del plan de manejo, que fue elaborado por técnicos de la Universidad de Sao Paulo, según reportes periodísticos.

El juez dijo que no hubo ningún beneficio personal, no recibí ninguna ventaja personal. No existió daño ni hubo nada grave, dijo Salles al diario Estado de Sao Paulo.

En su fallo, Martins también impuso a Salles una multa equivalente a 10 salarios percibidos cuando ostentaba el cargo, entre otras sanciones. En la misma sentencia se condenó a la Fiesp, una de las principales entidades industriales paulistas, aunque no se dio detalles sobre las penas.

Su designación como secretario de Medio Ambiente en el próximo gobierno federal, que comenzará el primero de enero, causó polémica entre los grupos ambientalistas, que denuncian que el funcionario implementará una agenda que aumentará la deforestación en el Amazonas.

En tanto, la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, imputó la noche de este miércoles al presidente, Michel Temer, por corrupción y lavado de dinero, tras beneficiar a empresas del sector portuario con un decreto firmado en mayo de 2017, informó la dependencia en un comunicado.

El Palacio de Planalto reportó en un mensaje que el mandatario demostrará ante tribunales que no hubo irregularidad en el decreto de los puertos, ni beneficio ilícito a ninguna empresa.