Ocupada en atender las prioridades de política social marcadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a las cuales se destinarán miles de millones de pesos, la Secretaría de Hacienda diseñó para el paquete presupuestario del próximo año un índice de prescindibilidad de programas destinados a la población más pobre del país y operados desde las distintas dependencias federales.

De este modo, para la dependencia encargada de diseñar el paquete económico con el cual operará el nuevo gobierno en su primer año de gestión, casi la mitad de los programas sociales del gobierno federal son prescindibles, innecesarios y por tanto no les asignó un peso para operar en 2019.

A partir de ese criterio, en su propuesta de presupuesto, Hacienda desapareció algunos programas hasta ahora de importancia capital como el destinado a la atención de uno de los grupos más vulnerables y marginados del país: los jornaleros agrícolas.

Dispuesto a través de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) para paliar las paupérrimas condiciones de vida, trabajo y estudio de los entre 4.5 y 5 millones de campesinos –y que se desplazan, laboran y viven en núcleos familiares– el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) fue instituido en 1990.

La medida, de aprobarse por la Cámara de Diputados, significaría su extinción y por tanto, dejaría sin un instrumento de política pública para estos migrantes internos en su mayoría indígenas provenientes de las regiones más marginadas del país, con altas tasas de movilidad y en muchos casos con relaciones laborales irregulares.

Si desde la percepción de los técnicos hacendarios un programa así puede parecer prescindible, seguramente ocurrirá lo mismo para estos campesinos estacionales de los más marginados del desarrollo nacional. Las familias jornaleras presentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión social mucho mayores que otros grupos de población trabajadora, establecen los propios análisis elaborados en el sector público para exponer la situación en la que sobreviven los jornaleros.

Aún más: en enero de 2012, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Valle de San Quintín, en Baja California, respaldaba la lucha de los jornaleros de ese centro productivo y se pronunció por un programa especial para estos trabajadores con aplicación en todas las regiones del país.

“No es justo –dijo entonces– que un trabajador mexicano gane siete veces menos que uno de Estados Unidos”. Ofreció también que su gobierno (iba en pos de su segunda candidatura presidencial) procuraría dar educación especial para que los jornaleros pudieran estudiar al mismo tiempo que trabajan y disponer de una vivienda digna con servicios públicos como agua, drenaje y energía eléctrica.

Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año el PAJA recibió una asignación de 296.49 millones de pesos, un reporte para la primera quincena de este mes ubicaba un gasto superior a 343 millones de pesos.

Dicho monto se destina a acciones tales como becas para la permanencia en las aulas de los hijos de jornaleros, apoyos económicos a los hogares de migrantes y que al llegar a los campos agrícolas realicen sus primeros gastos en tanto cobran a los patrones y evitar de ese modo se endeuden con las tiendas locales. Ese presupuesto se utiliza también para otorgarles respaldos alimentarios y dotar de infraestructura a los lugares donde se asientan.

Pero para Hacienda éste y en total 48 por ciento de los programas sociales analizados (156) son innecesarios.