La construcción de clínicas y hospitales en esta administración será diseñada en forma conjunta entre las instituciones de salud, como parte del proceso para lograr la integración del sector. Se busca hacer un uso racional de los recursos y tomar como base las redes coordinadas de servicios de salud.

En estas redes participarán todas las instituciones públicas de salud federales o locales que se encuentren en una misma zona. En el caso de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el gobierno federal prevé que se incorporen como prestadoras de servicios sólo cuando sus capacidades lo permitan y sin que se afecte la atención a sus derechohabientes.

Lo anterior quedó establecido en el Acuerdo para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, el cual para esta primera etapa fue suscrito por los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La certeza de gratuidad en los medicamentos, la mejoría en la calidad de los servicios y la cobertura de 28 millones de personas que no tienen un empleo formal y viven en esas entidades del sur sureste de la República, está dado por la inversión adicional al presupuesto regular, de 22 mil 500 a 25 mil millones de pesos. El gobierno federal tomará ese dinero del Fondo de protección contra gastos catastróficos, donde hay 90 mil millones para la atención de padecimientos de alto costo de las personas afiliadas al Seguro Popular.

Es de resaltar que Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), administradora del dinero de ese esquema de aseguramiento, afirmó a este diario que aunque se tomarán esos recursos, están garantizados los pagos de los tratamientos de las enfermedades que ya están cubiertas por el fondo.

La administración federal podrá hacer uso de estos recursos porque con la firma del acuerdo realizada el viernes anterior en Mérida, Yucatán, las entidades también se comprometieron a tomar las medidas administrativas y financieras necesarias para concretar la federalización de los servicios de salud; es decir, regresar al Poder Ejecutivo la responsabilidad de la administración de los recursos del sector, entre ellos los que han recibido desde enero de 2004 para los afiliados del Seguro Popular.

No obstante que el acuerdo especifica la participación de las instituciones de seguridad social, se suscitó una confusión en algunos sectores por la supuesta afectación que tendrían las finanzas del IMSS y del Issste y los servicios para sus derechohabientes.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema. Explicó que la federalización del sistema de salud no implica que toda la población podrá acudir a servicios médicos ordinarios del IMSS o Issste. Podrán hacerlo sólo en caso de emergencia y como parte del compromiso para garantizar el servicio médico a toda la población.

Las personas también podrán ser atendidas en los hospitales militares o el de Petróleos Mexicanos en caso de emergencia. Cuando no sea este el caso, los ciudadanos sin seguridad social seguirán acudiendo al sistema de salud público, el cual mejorará sus servicios, precisó el mandatario.

Lo anterior, como parte de las redes coordinadas, que incluyen a los centros de salud, clínicas y hospitales rurales de IMSS-Bienestar, para otorgar servicios de prevención, rehabilitación, cuidados paliativos, vacunación, consultas de especialidad, estudios clínicos especializados, cirugía y hospitalización sin costo para quienes carecen de seguridad social.

En este esquema también colaborarán los institutos nacionales de salud para el tratamiento de enfermedades complejas.