Managua. El periodista Carlos Fernando Chamorro exigió a la policía de Nicaragua la devolución del edificio donde se edita Confidencial, rotativo que dirige y que fue ocupado en las últimas horas por oficiales armados, informaron medios locales.

Chamorro, hijo de la ex presidenta nicaragüense Violeta Chamorro, denunció ante reporteros que uniformados le negaron el ingreso a las instalaciones del diario del que es dueño, acusó a las autoridades de confiscar propiedad privada y calificó el hecho como un ataque brutal contra la libertad de expresión.

El periodista se presentó en la sede de Confidencial y de dos programas de televisión que dirige, donde también exigió a los policías que ocupan sus oficinas la orden de confiscación u ocupación.

“Los policías no nos mostraron ninguna orden judicial, por lo tanto esto es una ocupación de facto, ilegal de despojo y confiscación de un inmueble y tres empresas asociadas al registro mercantil que no están adscritas a las ONG que están siendo perseguidas. Esto es un acto contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.”

Posteriormente el periodista opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega se presentó al edificio de la policía nacional, mejor conocido como Plaza El Sol, para exigir que le mostraran la orden confiscatoria de sus bienes, pero agentes lo sacaron del inmueble a empujones.

Yo quiero que aquí la máxima autoridad me enseñe una orden de por qué la policía ha usurpado ilegalmente un inmueble que es de mi propiedad y dos medios de comunicación que en este momento están siendo asaltados militarmente.

Poco después Chamorro y un nutrido grupo de periodistas que daban cobertura al suceso fueron echados por la fuerza del lugar por policías antimotines.

La policía allanó las oficinas de Confidencial el jueves y confiscó documentos y computadoras, el medio crítico publica noticias en línea y tiene un semanario impreso.

Asimismo, las autoridades tomaron el control el viernes por la noche de los edificios de varias ONG proscritas después de que el Parlamento, bajo control oficialista, las despojara de sus permisos legales.

El Ministerio de Gobernación anunció que todos los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de nueve ONG pasaban a estar bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la supuesta creación de un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo.

El país vive su peor crisis de décadas recientes después de que el 18 de abril estallaron protestas que dejaron 200 muertos, según el gobierno, y hasta 545 de acuerdo con organismos de derechos humanos, que reportan además 4 mil heridos y 603 personas encarceladas.