Remitiéndose a la Carta Magna, al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (que dotan de una personalidad jurídica y autónoma a los pueblos indígenas como entidades de derecho público), la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal exigió al Congreso de Ciudad de México (CDMX) no aprobar en comisiones una iniciativa de ley de cementerios y panteones, en tanto los pueblos originarios no seamos consultados debidamente para saber si requerimos una ley así.

La organización sostiene que la capital del país debe recobrar y mantener la memoria de sus pueblos y barrios, en un proceso imperativo que enriquecerá la identidad de sus habitantes, ya que somos el pilar de esta ciudad. Nuestro sentido de arraigo y pertenencia nos ha permitido trascender las transformaciones de la urbe.

En una carta a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Ernestina Godoy, los pueblos originarios refieren: Hemos luchado en la defensa de nuestras tradiciones y formas de organización ante iniciativas que pretenden despojarnos del reconocimiento natural y legal de los derechos sobre las tierras en que se ubican nuestros panteones. Los gobiernos capitalinos desde 2001 han insistido en despojarnos y adueñarse de nuestros panteones; gracias a la organización comunitaria se han frenado sus iniciativas.

El 31 de octubre, el diputado Víctor Hugo Lobo presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crearía la Ley del Servicio Público de Cementerios y Panteones y de Servicios Funerarios y Crematorios de la CDMX. El documento, ha declarado la unión, vulnera la autonomía y la libre determinación de los pueblos y barrios originarios del Valle de Anáhuac.

Somos los dueños primigenios de los territorios que hoy conforman Ciudad de México y su cimiento; por ende, somos dueños de los recursos naturales y todo lo que está dentro de nuestros territorios. Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y delegacional nos han humillado, maltratado y despojado de lo poco que queda en nuestros pueblos y barrios. Nos hemos organizado desde hace muchos años por la defensa de nuestros territorios y derechos colectivos en nuestra unión, integrada por representantes de bienes comunales y de bienes ejidales, cronistas, mayordomías, topiles, fiscales, cofradías, comisiones de festejos, comparsas de carnavales, habitantes originarios, pero principalmente por los responsables, encargados, patronatos y administradores de los panteones comunitarios.

Atribuyen a la participación decidida de los habitantes de los pueblos y barrios haber detenido la Ley de Cementerios y Crematorios para el Distrito Federal, el anteproyecto de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en el Distrito Federal, la Norma de Reordenación Urbana No. 26, así como las leyes de Participación Ciudadana y de Sustentabilidad Hídrica (Ley Mancera).

Otro golpe a nuestros derechos colectivos fue cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma política para el Distrito Federal, violando en forma flagrante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2 y 39, pues jamás nos consultaron a los indígenas de la ciudad. Precisan que, si fuera el caso de elaborar tal ley, los pueblos exigen que una comisión de representantes sea parte del equipo que se encargue de planear, organizar y llevar a cabo la consulta.