En medio del proceso gubernamental de construcción de una nueva política migratoria, especialistas de Sin Fronteras y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) advirtieron la necesidad de un cambio de enfoque para abordar el fenómeno mediante el cual se distancie de la seguridad pública, así como cerrar las brechas entre lo que ordena la ley y el cumplimiento de la misma.

En entrevista, Ana Saiz Valenzuela, directora general de la organización Sin Fronteras, resaltó que la política migratoria en México requiere un cambio de perspectiva, pues en la práctica se basa en la seguridad pública, cuando el fenómeno se debe atender como una necesidad humana.

Vemos con mucha preocupación que la detención migratoria sin control judicial es una práctica muy recurrente en México y debería ser una situación verdaderamente excepcional, dijo Saiz Valenzuela.

Otro asunto cuya atención es prioritaria recae en la atención del abandono en el que se encuentra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), cuyo presupuesto “es raquítico e insuficiente.

En paralelo, Saiz Valenzuela sugirió construir una política que favorezca la regularización y la estancia en México cuando esté justificada por razones humanitarias, económicas y de trabajo. Para ello es necesario construir las capacidades para poder analizar caso por caso.

Cooperación regional

Sobre la cooperación que México debe tejer con los principales países involucrados en el fenómeno migratorio de la región, la directora de Sin Fronteras expresó que con América Central debe pensarse en mecanismos que asuman que no todo se resolvería con inversiones.

En tanto, con Estados Unidos –país principal de destino para migrantes centroamericanos– es necesario que México comprenda que tiene sus propias obligaciones internacionales en materia de migración y asilo, por lo que debe cumplir con ellas.

Por su parte, Alejandra Castañeda, investigadora del Colef, afirmó que se requiere aplicar adecuadamente la ley en materia de migración y facilitar el trámite de visas para los centroamericanos.

Ha habido una distancia entre lo que dice la ley y lo que ha hecho la autoridad en México. Así, se pueden seguir esos lineamientos y mejorarlos, observó la especialista de este instituto con sede en Tijuana, Baja California.

Respecto de las estaciones migratorias, que en los hechos –dijo– son centros de detención, se debería valorar caso por caso la necesidad de utilizar esas instalaciones.