En la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional que propone el gobierno federal, se incluye considerar la educación como un derecho de toda persona para alcanzar el bienestar, el cual es uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación, pues establece que el Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias para unificar y coordinar la enseñanza como elemento de bienestar para la población en todo el país.

También se reconoce explícitamente que la educación que imparta el Estado deberá fomentar el civismo y la cultura de la paz. Deberá ser una formación equitativa, incluyente y respetuosa de la diversidad cultural y étnica del país.

Se propone, por primera vez, incluir en la Carta Magna que en las regiones del país con población indígena se deberá impartir una educación bilingüe y bicultural, así como ofrecer acciones de carácter alimentario en escuelas de prescolar, primaria y secundaria ubicadas en zonas vulnerables y garantizar políticas incluyentes para alumnos de escasos recursos.

Además, se establece que el Estado incentivará la investigación científica y tecnológica que se realice en el país, y fortalecerá la cultura como un principio al que todos los mexicanos tienen derecho.

Agrega que el Poder Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de educación básica y normal en todo el país, para lo cual deberá tomar en cuenta la opinión de los gobiernos estatales, así como de diversos actores educativos, entre ellos los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale.

Por lo que respecta al papel que deberán asumir los padres de familia en materia educativa, la reforma propuesta a la fracción I del artículo 31 constitucional establece que será obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, y agrega que deberán verificar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

La iniciativa establece que tras la aprobación de la reforma, los congresos federal y estatales deberán realizar las adecuaciones correspondientes para dar cumplimiento al nuevo marco normativo, dentro de un plazo de 180 días posteriores a su entrada en vigor.