Exigencia para la izquierda: contradecir el lema por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal
n México predomina el ai-se-va
( sic) en el trabajo, la escuela y en la vida cotidiana. Es una actitud que adoptamos desde niños y hacemos la tarea al aventón
. Yo decía que el lema ‘nacional’ es el incluido en el título y que se resume en el ai-se-va
o al aventón
. Alguien, sin embargo, me corrigió: el lema real es por qué hacer las cosas mal, si se pueden hacer de la chingada
. Esta actitud se fomenta por la impunidad cuando hacemos las cosas mal: la maestra nos aprueba de todas maneras, el cliente paga el servicio mal hecho. El niño(a) que hace bien las cosas, es calificado de nerd (o matado) y no tiene amigo(a)s. Las consecuencias pueden ser trágicas: el edificio mal hecho, se cae; el paciente se muere; o desastrosas: la calle (carretera) mal pavimentada o construida se llena, muy pronto, de baches y socavones. Las cosas se pueden hacer mal tanto por el ai-se-va
como por corrupción. De todas maneras, el autor queda impune. Una terrible manera de hacer mal una tarea es encargándosela a alguien que no sabe hacerla: un presidente que nombra director del Conacyt a un dentista, secretario de Desarrollo Social a Luis Miranda, o a Videgaray en la SRE.
La izquierda, en la oposición o en el gobierno, justamente porque los que ostentan el verdadero poder están contra nosotros, tenemos que hacer las cosas bien, con mucho cuidado, y tenemos que encargárselas a quienes están preparados para hacerlas, como Elena Álvarez-Buylla en el Conacyt, y no a personas cuyo mérito principal es de otra naturaleza (lealtad, parientes, habilidad política, amistad o favores recibidos). Antes de cualquier nombramiento hay que revisar la legislación. El Taibo-gate ocurrió por un nombramiento mal hecho: Taibo II no podía, según la legislación entonces vigente, ser director del Fondo de Cultura Económica por no ser mexicano de nacimiento. Estos errores desprestigian a AMLO y a su equipo. Los problemas con los bonos del cancelado AICM se derivan de no haber hecho las cosas con el cuidado suficiente y consultando a todos los expertos necesarios (legales, financieros, de aviación, de turismo).
Los problemas actuales con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) se derivan, en parte, de las prisas con las que se aprobó y promulgó. Se revivió una minuta del Senado de 2011 (probablemente de manera irregular) y, para que no tuviera que devolverse al Senado, se aprobó (sin cambiarle una coma) el 13 de septiembre (en una Cámara de Diputados instalada el primero de septiembre). La LFRSP es reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127. La fracción II de éste dice: Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior [en efectivo o en especie] por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente
. Lo más importante del contenido de esta fracción y de algunos artículos de la LFRSP es anunciar que habrá un máximo para las remuneraciones de los servidores públicos, que será igual a la establecida para el presidente, pero no se define ni el monto de la remuneración presidencial, ni con qué criterios, y quienes deberán definir dicho monto. Hasta el momento, todo ha girado alrededor del anuncio de AMLO que su remuneración monetaria neta (de la remuneración en especie nadie habla) sería de 108 mil pesos al mes (el 40 por ciento de lo que se creía que EPN percibía en efectivo, 270 mil), pero comentó que hubiera querido fijarla más baja aún, pero que no quiso perjudicar a los futuros secretarios de estado (que están percibiendo 107 mil pesos netos, violando la disposición del propio artículo 127 que señala que los servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable… que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, puesto que 107 es casi idéntico a 108, pero la responsabilidad del Presidente es varias veces más alta que la de cualquier secretario). Por cierto, el Presidente no tiene facultades para fijar su propia remuneración, sólo puede proponerla en el presupuesto que debe aprobar la Cámara de Diputados. Si Morena no tuviera mayoría en ella, o si algunos legisladores de Morena no siguieran la línea de AMLO, podrían fijar en otro monto la remuneración del Presidente y (quizás) disminuir el conflicto. Una LFRSP bien hecha habría fijado criterios generales para la norma máxima y creado un grupo técnico que propusiera cuál es esa norma máxima, considerando que debe ser adecuada y proporcional a sus responsabilidades. En el recuadro véase lo señalado por el juez Fernando Silva García, al conceder una suspensión provisional contra la LFRSP, similar a lo que he señalado, y que plantea una vía para resolver el conflicto. En las entregas del 20 y 27 de julio y del 3 de agosto de Economía Moral, encontrará el lector lo que he dicho antes al respecto. En la próxima entrega sugeriré un intervalo para la remuneración total (en efectivo y en especie) del Presidente.
