Buenos Aires. Gianfranco Macri, hermano del presidente argentino, Mauricio Macri, se presentó en un tribunal esta mañana para declarar  ante el juez federal Claudio Bonadío por presuntos pagos de sobornos para acceder a contratos en el área de transporte y peajes, y negó todas las acusaciones.

Sin embargo, en su respuesta a periodistas que lo esperaban a la salida del tribunal, dejó dudas sobre si su padre, Franco Macri, habría aceptado sobornos. Este último no se presentó a declarar por cuestiones de salud, físicas y mentales, que no le permiten acudir a la indagatoria, según declaran sus hijos, que pidieron eximirlo en este caso.

El hermano del presidente se excusó en que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol, mencionada en las fotocopias de los cuadernos que nunca se encontraron, ya que su participación accionaria no era mayoritaria. Nunca pagué un soborno. Mi papá, no sé, sostuvo.

La citación judicial es por un supuesto pago para mantener las concesiones a Autopistas del Sol, empresa que la familia Macri vendió en 2017. Según el arrepentido Claudio Uberti, quien estaba en la dirección de Concesiones en el anterior gobierno, recibía coimas de esas empresas para entregarlas al ex presidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) o al ex ministro de Obras Públicas Julio de Vido, quien está detenido ilegalmente por causas cuyas pruebas son confusas.

Sobre la venta de la empresa mencionada existe una denuncia ante la justicia federal por la ex diputada Margarita Stolbizer pidiendo investigar a Mauricio Macri por beneficiar al grupo familiar habilitando el aumento en los precios de los peajes antes de vender la empresa para que tuviera más valor.

En este clima de cruces judiciales este día se conoció que la pobreza en el tercer año del gobierno de Macri tiene el índice más alto en la última década y alcanza a 33.6 por ciento de la población, como lo registra el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La incidencia de la pobreza en ese periodo alcanza índices superiores a los registrados en 2016, cuando significativas devaluaciones provocaron un incremento en la inflación y una caída del poder adquisitivo, señala el documento.

Según el análisis, entre las razones que existen para haber llegado a estos niveles, que se dan entre el tercer trimestre de 2017 e igual periodo de 2018, la economía argentina pasó de un ciclo de crecimiento a una fuerte recesión, a la vez que la devaluación durante el año en curso condujo a una elevada inflación.

Señala, asimismo, el grave deterioro salarial y del poder adquisitivo que han afectado las jubilaciones y las prestaciones sociales.

En otro punto, se indica que el contexto macroeconómico se ha revelado desfavorable para la creación de empleo.

Por otra parte, Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se expresó ayer contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, a la vez que defendió como un tema privado el hecho de que Franco Macri no se haya presentado a declarar argumentando un problema de salud.

Garavano ya dejó un mensaje amenazante para las juezas que firmaron la excarcelación de Boudou, y rechazó la posición de las magistradas que advierten sobre el uso de la prisión preventiva en forma abusiva.

Se dicta la prisión preventiva a cualquiera de los ex funcionarios del gobierno anterior, sin ir a indagatoria, por la sospecha de que podrían fugarse, pero, curiosamente, si los acusados pertenecen al gobierno, incluido el presidente Macri, quien nunca respondió por sus cuentas offshore, no sólo no se utiliza la prisión preventiva, sino que los casos se prolongan o nunca se habilitan.

Hay jueces designados por el gobierno anterior que tienen mirada abolicionista, dijo Garavano, mientras la tiutlar de la Oficina Anticorrupción, que ocupa ese cargo por un decreto de Macri, ya que no es abogada, dijo que apelará la excarcelación de Boudou.

Por su parte, Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, se presentó ante tribunales para ampliar su denuncia por la venta irregular de seis parques eólicos en beneficio de empresas de la familia Macri. Llevó pruebas que confirmarían que la familia presidencial comenzó a recibir de manera directa parte de los 70 millones de dólares que obtuvieron de ganancias.