El juzgado octavo de distrito en materia administrativa con sede en Ciudad de México concedió una suspensión provisional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala que ningún funcionario podrá ganar por arriba de lo que percibe el Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales. Sin embargo, consideró que los salarios del Poder Judicial podrían ser reducidos, pero no en forma unilateral, arbitraria o que afecte la autonomía de los impartidores de justicia.

Es dable concluir que si existen condiciones económicas que así lo ameriten y justifiquen, se deben, incluso, disminuir los salarios de los titulares de los poderes de la Unión. Pero dichos ajustes deben obedecer a circunstancias fácticas reales y a razones objetivas y justificadas que busquen el mejoramiento del servicio público y la rendición de cuentas de todos los que conforman esa función pública; mas no deben, en ningún caso, ser de tal envergadura que diluyan esas remuneraciones en su contenido esencial, en forma intempestiva y arbitraria, ni devenir de cuestiones subjetivas o ideológicas realizadas de manera unilateral.

Al resolver el incidente de suspensión 1499/2018, Fernado Silva García, juez octavo en materia administrativa, señala que las medidas de austeridad y la disminución de remuneraciones de los titulares de los poderes de la Unión serían válidas únicamente si no afectan su contenido esencial, “si la cuantía máxima relativa a la remuneración del Presidente, que servirá de parámetro delimitador, se fija mediante un esquema de colaboración y sobre bases reales y no ilusorias.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas iniciar una indagatoria sobre un magistrado de circuito adscrito a Veracruz, Alfonso Eduardo Serrano Ruiz, exhibido en redes sociales como #LordMinistro, posando en fotografías donde porta relojes Rolex, fuma puros caros y conduce vehículos de lujo.

El ministro presidente dijo que las indagatorias permitirán esclarecer la consistencia de los ingresos de Serrano Ruiz y su situación patrimonial, luego de que se hiciera pública información sobre su modo de vida.

Ayer sumaban 2 mil 772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, presentada por 6 mil 271 quejosos, entre los cuales 384 son jueces, 445 magistrados, 2 mil 174 secretarios, 445 actuarios, mil 226 oficiales y mil cuarenta y tres funcionarios, entre ellos de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Politécnico Nacional.