Xalapa, Ver., Familiares de personas desaparecidas ocuparon ayer las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en demanda de que renuncien el titular de esa dependencia, Jorge Winckler Ortiz, y el fiscal de desapariciones, Luis Eduardo Coronel, debido al nulo avance en las investigaciones y a la mala relación que tienen con los demandantes, explicó Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito.

A las 6:50 de la mañana los manifestantes se apostaron en los tres accesos de la dependencia, en la avenida Arco Sur, en la capital del estado. Dijeron que acamparán allí hasta que el fiscal dimita.

Díaz Genao afirmó que Winckler tiene deudas con la organización a la que ella pertenece: En Solecito tenemos 300 casos de desaparecidos, y los únicos avances son los que hemos logrado nosotras. Lo mismo ocurre con los 300 restos humanos encontrados en colinas de Santa Fe. Tenemos 18 identificados, pero por nuestro trabajo.

María Elena Gutiérrez, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, señaló: Estamos indignadas y hartas de un fiscal que más que defensor de los veracruzanos se desempeña como abogado del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Así como se acabaron los dos años de Yunes Linares, así se acaba el periodo de Winckler, y se acaba porque él no ha sido un fiscal responsable; no ha estado del lado de las víctimas, declaró.

Rosalía Castro Toss, de la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito en Colinas de Santa Fe, argumentó: No recibimos trato digno, violan nuestros derechos, nos tienen bloqueadas, y en lugar de darnos respuestas complican nuestro trabajo. Cuando estamos en la búsqueda y tenemos un problema no hay a quien acudir.

En diciembre de 2017, durante el gobierno del panista Yunes Linares, Winckler Ortiz (cercano al mandatario) llegó al cargo de fiscal general. Reformas legales posteriores le dieron autonomía y ampliaron su gestión a nueve años.

En tanto, el Congreso local recibió la octava solicitud de juicio político contra Winckler Ortiz. Nicolás Baltazar, abogado de Carlota Zamudio Parroquín –ex delegada de la policía ministerial en Veracruz presa por delitos de desaparición forzada–, fue quien presentó la demanda.

La petición fue recibida por al presidente del Congreso, José Manuel Pozos Castro, quien anunció que canalizaría la denuncia a las comisiones legislativas.

El abogado explicó que a Winckler se le acusa de fabricar pruebas contra Zamudio Parroquín, quien fue señalada por dos testigos cuya identidad se desconoce. Ellos dijeron que la acusada les pidió alterar un informe para reportar sólo seis cuerpos donde se indicaba que había 19.

Mientras, el área de asesoría jurídica federal de la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se inconformaron con la resolución de un juez que permitió que Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte de Ochoa, dejara el penal de Pacho Viejo para enfrentar en libertad el juicio por desaparición forzada.