Buenos Aires. La justicia dispuso la excarcelación del ex vicepresidente argentino Amado Boudou, quien estaba en prisión preventiva acusado de supuestos delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, lo que nunca se pudo probar, acusación que negó en todo momento el ex funcionario.

Boudou fue detenido en noviembre de 2017 en medio de un escandaloso operativo en el que lo sacaron de su casa descalzo y en pijama, lo que provocó la reacción de organismos de derechos humanos.

Su proceso se enmarcó en la persecución política que usa la justicia afín al gobierno del presidente Mauricio Macri contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El ex vicepresidente pagó un millón de pesos (unos 26 mil 459 dólares) de fianza, llevará una tobillera electrónica con GPS, comparecerá cada 15 días ante la justicia y tiene prohibido salir del país.

Boudou estaba en prisión porque supuestamente podía entorpecer las investigaciones de la justicia, muletilla anticonstitucional impuesta por el gobierno actual y por lo cual los detenidos según esta norma son considerados presos políticos, cuya liberación piden organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

Un claro ejemplo es el de la dirigente social Milgaro Sala, detenida en Jujuy desde hace casi tres años de manera preventiva y sometida a juicios, todos con falsificación de pruebas, lo que ha provocado la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones no fueron acatadas por el gobierno.

Sentencian a represores

Al dar continuidad a los juicios iniciados durante el gobierno anterior contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983) fueron condenados un militar y dos directivos de la compañía Ford.

Los delitos fueron cometidos en la planta de Ford y se dictó una pena de 15 años de prisión para Santiago Omar Riveros, ex comandante del cuarto cuerpo del ejército; 10 años de cárcel para Pedro Müller, ex jefe de manufactura, y 12 para Héctor Sibila, ex jefe de seguridad.

El tribunal determinó que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad, y rechazó pedido sobre la prescripción de los delitos.

Por primera vez personal jerárquico de una empresa fue juzgado y condenado por la participación directa de la compañía en los secuestros y las torturas que sufrieron sus trabajadores durante la dictadura.

Las víctimas fueron 24 trabajadores de Ford y se probó que militares y directivos de la empresa actuaron juntos e incluso fueron torturados en la misma planta automotriz. También se destacó que personal de la empresa entregó listas de los trabajadores y delegados que luego fueron enviados a centros clandestinos de detención.

La lucha de las víctimas fue muy larga y en el transcurso de más de 40 años fueron muriendo varias de ellas, quedando sólo 13 sobrevivientes que no cejaron en su lucha contra la impunidad.

Fue un día bueno para los organismos de derechos humanos, que enfrentan un momento difícil en este gobierno.