El Congreso Agrario Permanente (CAP), integrado por una decena de organizaciones campesinas, propuso a la Cámara de Diputados un incremento de 10 por ciento en el presupuesto para el campo en 2019, lo que representa un monto adicional de 32 mil millones de pesos.

En una reunión, demandó también que se cierre la puerta a favoritismos en la asignación de recursos y garantizar reglas de operación consensuadas que eviten la corrupción y discrecionalidad.

A unos días de que el Ejecutivo federal envíe al Legislativo el Proyecto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos 2019, los líderes del CAP llamaron al presidente López Obrador a demostrar que serán prioridad los pequeños y medianos productores.

También se manifestaron esperanzados en que el programa especial concurrente ascienda a 366 mil 51.5 millones de pesos, pues se recuperaría la pérdida por inflación (4.5 por ciento) y habría un aumento real de 5 por ciento.

Proponen que se apoye a los pequeños productores; garantizar el financiamiento rural con la banca pública y el aseguramiento agropecuario, principalmente para auxiliar a las organizaciones de productores en la formación de sujetos de crédito, así como a intermediarios en la colocación de crédito a productores del sector social.

Las organizaciones también plantearon que las reglas de operación se conviertan en programa de apoyo directo al productor o al precio del producto; que se limite estrictamente el volumen auxiliado a 100 toneladas al maíz y al trigo, así como a 50 toneladas al frijol o al rendimiento promedio de un máximo de 20 hectáreas.

Raúl Péreza, de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo que le toman la palabra al presidente López Obrador sobre buscar la autosuficiencia alimentaria, lo que requiere apoyo a los pequeños productores.

En el documento que presentaron las organizaciones también alertaron de que el agro está en riesgo de enfrentar graves crisis por el acelerado envejecimiento de su población, creciente feminización y elevada migración hacia la ciudad o hacia el extranjero, que compromete el abasto de mano de obra y el sostenimiento en producción de la unidades productivas rurales.