Semanas después de que se difundió una nueva venta del listado nominal y presentó una denuncia penal, el Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó al Partido Revolucionario Institucional para aclarar la filtración ilegal de la información de los ciudadanos. Como parte del procedimiento administrativo que se emprendió tras conocerse que el listado estaba a la venta vía Mercado Libre, se ha notificado al partido para que argumente en descargo de los hechos.

La sanción, de confirmarse la responsabilidad de militantes del tricolor, podría ser aún más severa en función de tratarse de un partido reincidente. El 27 de septiembre pasado, una usuaria de Twitter hizo pública la presentación de una denuncia al detectar que en el citado sitio de Internet se había colocado a la venta el listado nominal de electores, el cual también apareció a la venta por Youtube.

El INE formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) y tras una actuación coordinada se identificó a un responsable en la ciudad de Querétaro. Se aseguraron equipos de cómputo que contenían dicha información.

Bajo sigilo total en las primeras etapas de la investigación en aras de la protección del debido proceso, el INE inició el procedimiento administrativo contra el tricolor. A principios de 2017, el INE impuso una sanción de 43 millones de pesos al PRI por la filtración del listado nominal de electores del estado de Sinaloa, que posteriormente aparecería en el sitio web digitalocean.com. A pesar de haber recurrido la sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados confirmaron la actuación del INE apenas en marzo pasado.

Ahora, como consecuencia de una nueva filtración del listado nominal correspondiente a las elecciones de 2015 podría volverse a multar al PRI. En ese año, ha señalado el INE, es la última ocasión en que se entregó, por disposición de la ley electoral, la información sin restricciones de los ciudadanos que se encontraban en la lista nominal; a partir de entonces, ante los diversos casos en que se detectó uso irregular de la información, comenzó a restringirla a los partidos.