Unos 500 migrantes centroamericanos pidieron al gobierno de Tijuana, Baja California, que abra la Unidad Deportiva Benito Juárez –ubicada en la zona norte de la ciudad– para que los albergue hasta que el gobierno de Estados Unidos inicie los trámites de atención por asilo político.

Los indocumentados permanecen afuera del deportivo desde que se les desalojó el inmueble municipal porque la Secretaría de Salud ordenó su clausura, al considerarlo un espacio insalubre por la basura ahí acumulada y los estragos generados por la lluvia.

Los centroamericanos solicitaron ayer utensilios de limpieza y camiones de basura para adecuar el deportivo y usarlo como refugio.

Más de 2 mil migrantes se encuentran desde hace una semana en el centro de espectáculos El Barretal, que se habilitó como albergue temporal para atender el éxodo proveniente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

El sábado anterior recibieron la visita del sacerdote y activista Alejandro Solalinde, quien se pronunció por que reciban un lugar para quedarse diferente a El Barretal porque allí se encuentran grupos que los engañaron para trasladarse a Tijuana, donde les aseguraron que todo estaba resuelto para su asilo.

El gobierno estadunidense ofrece un promedio de 50 entrevistas diarias con autoridades migratorias. Los entrevistados cruzan a California, se les aloja en el puerto fronterizo y después son trasladados a alguna estación migratoria en calidad de detenidos o son deportados.

Fueron policías los que agredieron a migrantes

En este contexto, el titular de la Fiscalía General de Veracruz, Jorge Winckler, dio a conocer que se investiga la presunta participación de policías en la agresión a un grupo de centroamericanos, que dejó una mujer muerta y tres lesionados, entre ellos un niño de tres años.

En conferencia de prensa, dijo que en el ataque cometido la madrugada del sábado las líneas de investigación son la probable participación del crimen organizado y no se descarta la participación de policías, pues los migrantes que se mantuvieron a salvo los señalan como responsables de la agresión armada ocurrida en el municipio veracruzano de Juan Rodríguez Clara.

Winckler dijo que el caso ya fue notificado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que participe en la investigación, dada la probable comisión de los hechos por parte de personas dedicadas al tráfico de indocumentados.