Los de 65 a 67 años, desprotegidos
El Congreso estatal no hizo ajuste alguno en el presupuesto de 2019
Martes 11 de diciembre de 2018, p. 28
Colima, Col., Los colimenses de entre 65 y 67 años dejarán de recibir pensión alimentaria de los gobiernos federal y estatal a partir de 2019.
En 2016 el Congreso de Colima reformó la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud a fin de limitar las pensiones para este sector, con el argumento de que ya recibían apoyo de la Federación.
Hasta 2015, los colimenses de 65 años y más recibían tanto la pensión de 900 pesos mensuales que otorgaba el gobierno estatal como la de 580 pesos que les pagaba la Federación.
Un año después los legisladores modificaron la ley y redujeron a 60 años la edad para recibir la pensión, pero limitaron el subsidio hasta los 64 años.
Así, quienes tenían entre 60 y 64 años y 11 meses sólo recibían del gobierno de la entidad 900 pesos mensuales, y los de 65 años y más, sólo el apoyo de la Federación.
En ese entonces el diputado independiente Nicolás Contreras adujo que el gobierno federal entregaba pensión a los adultos de 65 años y más, por lo que no había motivo para otorgarles otro pago.
El nuevo gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, decidió aumentar el monto, pero también la edad, por lo cual la pensión universal sólo se otorgará a personas de 68 años o más.
En México, 2.5 millones de personas mayores de 65 años no reciben ingresos de sistema alguno, contributivo o no contributivo (pensiones o jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad o la pensión para adultos mayores de 65 años y más, del programa de la Secretaría de Desarrollo Social), de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Representantes de diversas organizaciones de defensa de los adultos mayores acudieron al Congreso del estado el 26 de noviembre para alertar sobre esta situación.
El activista Benjamín Luna Alatorre, consejero de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, lamentó esta falta de protección y confirmó que ni el gobierno ni el Congreso estatales hicieron ajustes en el presupuesto 2019 para solventar el problema. En Colima hay alrededor de 60 mil personas de 65 años o más.