Aun cuando en la pasada administración se impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como parte del control de daños tras que detonó el escándalo de la denominada Casa Blanca, en los hechos no hubo un combate real a la corrupción. Nos quedamos en la construcción institucional, pero faltó voluntad política para enfrentarla realmente, advierte José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, quien acota: los dientes del sistema los tiene el Ejecutivo.

Desfasada del calendario institucional, la herencia al nuevo gobierno asociada al SNA involucra una larga lista, partiendo de nombramientos clave para su operación, como el fiscal anticorrupción; la aprobación de una política nacional en la materia que garantice homogeneidad en las acciones para enfrentarla en los tres niveles de gobierno; la integración de la Plataforma Nacional –que concentre información fundamental para identificar irregularidades– y culminar los procesos de conformación de los sistemas estatales.

Avances sustanciales

A pesar de los rezagos, para el ex titular de la Unidad de Vinculación con el SNA de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la administración peñanietista, Dante Preisser, los avances en el sistema son sustanciales. El SNA funciona, hacen falta piezas importantes, pero no se ha detenido su implementación. Estamos convencidos de que la nueva administración tiene oportunidad de concluir su instrumentación, porque tienen mayorías legislativas no sólo federal sino a escala local.

Aun cuando la designación del fiscal anticorrupción y de los 18 magistrados especializados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la aprobación de algunas leyes asociadas competen al Congreso, en el seno del SNA, el CPC avanza en la elaboración de la política en la materia y en esta semana concluirá la etapa de consultas estatales. Su aprobación definitiva, por el desfase en el calendario, es ya responsabilidad del nuevo gobierno.

En paralelo, a escala estatal, sólo hay dos focos rojos de rezago preocupante en la conformación de los sistemas estatales: Chiapas y Ciudad de México, donde no se ha nombrado ni siquiera la comisión de selección que procesará la designación de los CPC locales. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Morelos y Tlaxcala hay avances medios, en tanto que en el resto de los estados su integración tiene niveles considerados satisfactorios.

En entrevista, López Presa advierte que no es suficiente el nuevo marco legal, pues la eficaz operación del SNA depende de otros factores, entre ellos el más relevante, la voluntad política de combatir a fondo la corrupción, pues la impunidad es un factor que alienta la incidencia de actos irregulares.

Otro factor que podría inhibir el potencial del SNA son los procesos de designación de funcionarios clave en su operación. Si no se garantiza su independencia plena desde el nombramiento se reducirá su capacidad operativa en cargos como el fiscal anticorrupcíón e incluso en la Secretaría de la Función Pública a escalas federal y estatal.

Sin independencia en los titulares se generan, sin excepción, debilidades institucionales, en la medida en que el Poder Ejecutivo los puede remover libremente. Y cita como ejemplo las contralorías estatales o la SFP, supeditadas en su operación al poder en turno.

Cuestionado sobre la incapacidad histórica de perseguir los grandes casos de corrupción en México, López Presa señala que aun cuando para la sociedad es evidente que hay funcionarios de alto nivel inmiscuidos en casos graves de corrupción, es muy frustrante que no se les haga nada. No es que se quiera sangre, pero hay agravios involucrados sobre los cuales no puede haber protección.

En la óptica institucional del gobierno anterior, Preisser refiere que desde la dependencia se ha dado un seguimiento al avance legislativo y operativo del SNA. Reconoce que en el marco legal quedaron pendientes, por falta de consenso, la aprobación de leyes importantes (la de obra pública y de licitaciones) para el SNA, pero que se suplen con la regulación vigente.