na de las propuestas centrales del lopezobradorismo ha entrado en un conflicto de definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos: es la reivindicación que el Poder Judicial federal pretende hacer, en favor de sí mismo, ante la abrumadora concentración de poder en el Ejecutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y el Legislativo (bajo control, en los hechos, del mismo titular del Poder Ejecutivo), más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de impulsar el combo Palacio Nacional-San Lázaro y Senado.

La contienda judicial podría resultar interesante si se desenvolviera en un escenario de normalidad jurídica y política. Recurrir a las instancias de justicia para impugnar un acto de poder que se considere lesivo es uno de los derechos indiscutibles de los ciudadanos y de las instancias de organización social, como son los partidos políticos. Ninguna mayoría electoral, sólo por su fuerza numérica, debería pretender frenar o satanizar la recurrencia de particulares e instituciones ante la potestad del Poder Judicial.

Sin embargo, el escenario político y social es particularmente adverso para el ejercicio judicial de escrutinios y eventuales sentencias en favor de causas en las que se incluye ese mismo poder. Así sea un exceso el estribillo propagandístico que propone al sexenio lopezobradorista como proceso de una Cuarta Transformación del país y así sea insostenible la hipótesis de un cambio de régimen, lo cierto es que los poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren una profunda transformación y un cambio verdadero, pues hasta ahora han sido, en lo general, parte del conjunto de complicidades y retorcimientos que ocasionaron la crisis de un sistema que ahora tiene en López Obrador, y sus propuestas correctivas, una oportunidad de saneamiento desde lo electoral (Morena) y lo institucional (la Presidencia de la República y el control del Congreso) sin estallidos violentos.

El choque en curso (con movilizaciones populares contra el freno a los sueldos excesivos) es, a fin de cuentas, entre una legalidad en bastante entredicho (la de los poderes judiciales) y una legitimidad de índole política y social (la exigencia de austeridad en cuanto a sueldos y prestaciones de una élite abusiva y despilfarradora). La suspensión de la aplicación de la ley sobre remuneraciones ha sido abiertamente rebatida por López Obrador, en un tono sin consideraciones, y por los conductores morenistas de las cámaras, Ricardo Monreal y Mario Delgado, quienes han hecho pronunciamientos secos, de absoluta descalificación hacia esa decisión judicial y han advertido una virtual desobediencia legislativa, pues han asegurado que el próximo presupuesto federal no considerará la resolución imperativa emitida preventivamente por un ministro de la Corte.

La controversia en curso exhibe penosamente la situación interna de ese Poder Judicial en el que jueces, magistrados y ministros (entre éstos Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora con licencia y ahora secretaria de Gobernación, pensionada con los mismos montos que ahora tanta irritación producen) han permitido que se les identifique ampliamente con los fenómenos de dispendio, corrupción e impunidad que el nuevo gobierno federal pretende erradicar.

Un ejemplo de esa disparidad, entre lo que el Poder Judicial pretende ser y lo que parte de los ciudadanos percibe, se acaba de producir en Puebla, donde el tribunal electoral, integrante del Poder Judicial de la Federación, ha confirmado la asignación de la gubernatura de esa entidad a la esposa del senador Rafael Moreno Valle, quien ya fue mandatario del mismo estado), a pesar de las múltiples pruebas de que en los comicios de referencia hubo un escandaloso fraude electoral.

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