La creación de la Fiscalía General de la República tiene el propósito de abatir la debilidad del sistema de justicia, que ahora goza de nula credibilidad social y ha propiciado que en 2017 sólo 3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas obtuvieran sentencia condenatoria, 27 sigue en proceso y el restante 70 por ciento no alcanzó alguna instancia judicial que le diera seguimiento en alguna de las 33 fiscalías o procuradurías en la República, refirió la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.

La minuta del Senado se encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en espera de un acuerdo entre Morena y los opositores PAN y PRI, que pretenden modificar de fondo el artículo 102 constitucional, referente a las funciones del Ministerio Público.

Esos partidos han reclamado espacios en San Lázaro y Morena se los ha negado, por lo que ambos aducen que en la minuta se revela la existencia del llamado fiscal carnal, y que tal circunstancia los conduciría a votar en contra cuando la minuta llegue al pleno.

Padierna ha elaborado la defensa documentada del objeto de la minuta porque en todos los diagnósticos que se han publicado en los años recientes, así como en los informes de organismos internacionales que hacen alusión al problema de la violencia y la inseguridad en México, se señala constantemente la debilidad del sistema de procuración de justicia, que durante años se ha dejado en el olvido y en el rezago, dando como resultado un conjunto de instituciones con nula credibilidad social y nula confianza ciudadana.

La minuta que contiene el proyecto de creación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República tiene como objetivo la transformación integral de la visión institucional con la que venía trabajando hasta hoy la inoperante PGR.

En su artículo segundo se expone que la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho que contribuya a disminuir la inseguridad.

La nueva legislación enfatiza que la labor del Ministerio Público de la Federación se sustentará en la investigación que realicen sus órganos auxiliares, policías, peritos y áreas de inteligencia, depositando en el agente ministerial únicamente la labor de conducción y de supervisión del plan de investigación desarrollado para conocer la verdad de los hechos, focalizando sus recursos en formular las imputaciones y las acusaciones respectivas, es decir, priorizando la verdadera labor fiscal de acusación y persecución como su labor principal.

Además, se integra la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos.