El Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañe la atención a las desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asimismo, comenzó a delinear el futuro modelo de asistencia y cooperación de este organismo multilateral para el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Las Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecieron detalles sobre su participación en el 170 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, con sede en Wa-shington, Estados Unidos. En este espacio de trabajo la delegación mexicana atendió una audiencia pública relativa a las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y cuatro reuniones de trabajo.

Ante el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, la representación de autoridades federales mexicanas reconoció retos en derechos humanos, especialmente en el tema de desapariciones.

En este contexto, el Estado mexicano solicitó ante la Comisión el intercambio de experiencias con otros países en materia de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

El gobierno federal destacó que para encarar el problema de raíz se requiere fortalecer a las instituciones mediante la correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A su vez, el Estado se comprometió a garantizar la coadyuvancia de las víctimas en las investigaciones, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas, y resaltó el papel que ha tenido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para velar por la garantía de los derechos de las víctimas.

Los representantes de la administración de México sostuvieron una reunión con el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, en la que se discutió el futuro modelo de asistencia y cooperación de la CIDH previsto: el Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a la justicia, publicado el pasado 4 de diciembre.

También tuvieron tres reuniones privadas en las que se abordó lo relativo al cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa y la implementación de medidas cautelares otorgadas por la comisión en casos específicos.

En un comunicado conjunto, las dependencias federales aseguraron que el nuevo gobierno tendrá puertas abiertas para el escrutinio internacional. Asimismo, se dijeron comprometidos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La delegación mexicana que participó en las sesiones estuvo integrada por el subsecreta-rio de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; el repre-sentante ante la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, embajador Jorge Lomónaco Tonda, y el fiscal especializado en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo.