uede uno equivocarse, pero por primera vez en un siglo en México las universidades autónomas, estudiantes, académicos y sus sindicatos y órganos colegiados, tienen la oportunidad de emprender importantes reformas y no a partir de dictados de un gobierno, sino de sus propios procesos y viendo de cara a la nación. Es decir, haciéndose la pregunta de cómo responder desde la autonomía y el conocimiento al conjunto de las y los mexicanos en los que hoy se manifiesta una poderosa fuerza social y política y una profunda esperanza. Es un periodo decisivo para el país y su radical mejoramiento. El neoliberalismo impuso a las universidades la tesis de que ante la nación la mejor respuesta que debían dar las instituciones era seleccionar a sus estudiantes con el criterio de los mejores (y muy poco importó que creciera exponencialmente el número de excluidos); cobrar altas colegiaturas (y excluir también por este rubro); acreditar burocráticamente planes y programas de estudio (y con ello establecer un control de agencias privadas de evaluación sobre múltiples aspectos de la vida académica); investigar en beneficio de empresas y gobiernos (y dejar a un lado temas sociales, ecológicos y productivos mucho más urgentes y relevantes); intensificar la comercialización de la cultura y la extensión universitaria (y llevar así a la universidad a ser una empresa); enseñar a los estudiantes competencias (haciendo de las casas de estudio un remedo de cen-tro de capacitación superior para el trabajo); marginar los espacios de conducción colectiva, vitales para el aprendizaje de la participación comunitaria (y en cambio, enfatizar el mando gerencial y autoritario en las instituciones) y, finalmente, individualizar y silenciar a los académicos universitarios al organizarlos en torno a la ganancia económica diferenciada y la precarización. En muchos aspectos la nación perdió a su universidad e ingresar a la UNAM, UAM, IPN dejó de ser un derecho y se ha convertido en un privilegio. Todo esto pudo instalarse en la universidad gracias a la creación de topes y múltiples fondos y programas gubernamentales de financiamiento, una telaraña que hizo posible desde el gobierno conducir al detalle a las universidades.

Hoy la universidad y demás instituciones de educación superior tienen frente a sí no sólo el problema de la falta de recursos, sino decidir qué hacer con un modelo neoliberal que, entre otros problemas, ha creado una dependencia financiera ruin en la universidad, que seguirá generando reiteradas crisis financieras. Asumir que lo único importante hoy es pagar las quincenas y aguinaldos es una manera de decidir que en todo lo demás, la universidad siga como va. Decir, en otras instituciones menos presionadas, que no hay recursos para ampliar la cobertura (aunque es evidente que existen suficientes para contratar a cientos de profesores más), es una manera concreta de decidir que debe mantenerse el modelo actual de universidad y que no es posible pensar en uno distinto, más apegado a los nuevos tiempos que ahora se abren. Abstenerse de decidir no sólo dejaría a la universidad al margen, mientras el gobierno se ocupa en sus proyectos de educación superior (100 planteles de otro modelo) sino que mantendría un modelo neoliberal exacerbado que privilegia la ética individualista y empresarial y hasta la patriarcal y machista, y propiciaría que la universidad derive a posiciones cada vez más conservadoras.

Un gobierno que proclama su rechazo al neoliberalismo tiene la obligación de establecer condiciones en las que las instituciones puedan liberarse de ese enfoque y transformarse de manera libre y autónoma. Y eso significa eliminar los fondos y programas que hacen que la universidad no pueda dejar el modelo neoliberal, crear un esquema de financiamiento que, además de resolver de inmediato y a profundidad los problemas de quincenas y aguinaldos, abra un horizonte donde la universidad pueda explorar y determinar nuevas formas de ingreso de estudiantes, ampliar sustancialmente la matrícula, volverse gratuita, ofrecer comedores y otros apoyos; transformar en relaciones de solidaridad interinstitucional la revisión para mejorar los planes de estudio, investigar y difundir la cultura y extender la universidad con base en las necesidades sociales de conocimiento; democratizar el gobierno institucional y las prácticas pedagógicas enfatizando una educación crítica y de fondo; devolver su lugar a sindicatos y organizaciones estudiantiles; establecer esquemas de retribución del trabajo que fortalezcan el tejido institucional.

Si el gobierno calla y deja entrampada a la universidad cierra todas esas posibilidades, y continuará el papel predominante del gobierno en la vida universitaria autónoma. Si las universidades callan y aceptan lo que viven, cerrarán la posibilidad de transformar su relación con el Estado.

*Profesor investigador UAM Xochimilco