Cuernavaca, Mor., Participantes en el Foro Morelense de Abogados afirmaron que sí existen elementos de sobra para remover de inmediato a los fiscales, general del Estado, Uriel Carmona Gándara, y de Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, por conductas graves, como lo solicitó el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sin embargo, diputadas integrantes de la Junta Política y de Gobierno (JPG) del Congreso estatal enviaron a comisiones la solicitud, con el argumento de que no hay motivos suficientes para destituir a los funcionarios nombrados en la administración del perredista Graco Ramírez (2012-2018).

En rueda de prensa, el presidente del foro, Pedro Martínez Bello, enumeró tres conductas graves en las que ha incurrido el titular de la FGE para ser destituido. La primera, dejar a su esposa al frente de su notaría a sabiendas que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la extinta Ley del Notariado en Morelos, tras asumir el cargo.

La segunda, proponer a su esposa para fungir como encargada de su notaría a sabiendas que enfrenta un proceso penal ante la juez federal de justicia acusatorio adversarial de Morelos, en la causa penal 319/ 2017 por violación a la Ley de Amparo. La tercera es que Carmona Gándara nombró, en agosto pasado, como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, violando lo dispuesto en los artículos 37, fracción cuarta de la Ley Orgánica de la FGE, la cual establece que los fiscales especializados, al ser nombrados, deberán ser de reconocida honorabilidad y honradez.

Martínez Bello acusó que Salazar Núñez no es una persona honorable ni honrada, pues ya había sido fiscal anticorrupción antes de asumir el cargo, pues en la fecha que fue nombrado (agosto de 2015) no había una norma que le atribuyera competencia y facultades de actuación; además cobró 70 mil pesos al mes sin realizar trabajo alguno.

Destacó que Salazar Núñez fungió, además, como consejero jurídico en el gobierno de Graco Ramírez, por lo que ambos fiscales responden a los intereses del ex gobernador y ex diputados perredistas, motivos suficientes para que sean removidos de sus cargos y pidió al Congreso estatal que destrabe la remoción de ambos funcionarios.

En la sesión de la JPG del jueves anterior, para analizar y dictaminar la solicitud del gobernador no hubo consenso, porque consideraron que no haber acreditado los exámenes de control y confianza no es causal de remoción, por lo que la enviaron a comisiones; incluso ese día ambos funcionarios debieron acudir al Congreso local para argumentar en su defensa, pero no llegaron, situación que indignó también a familiares de víctimas de delitos en Morelos, como a la madre y la tía de Oliver Navarrete Hernández, joven secuestrado, asesinado y enterrado de forma ilegal en las fosas de Tetelcingo en marzo de 2014, situación que denunciaron ambas mujeres ese mismo año.

Las mujeres señalaron que por exigir justicia para las víctimas de los entierros ilegales, Carmona Gándara les dijo que por las malas es muy malo, señaló Amalia, tía de Oliver, cuando le demandaron avances en las carpetas de investigación de su sobrino y los cuerpos encontrados.