En el derecho a la salud de la población, entre 2008 y 2016 hubo avances en la afiliación, sobre todo en las personas de menores ingresos que ingresaron al Seguro Popular, pero se requiere el acceso oportuno y con calidad para todos. Además, del total del gasto en salud erogado hace dos años, 41.4 por ciento lo aportaron las familias y 6.5 por ciento lo cubrió el sector asegurador, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el estudio diagnóstico divulgó ayer el consejo sobre el derecho a la salud, indica que el país enfrenta retos, como el de tener la proporción más baja de médicos, con 2.4 por cada mil habitantes, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en el caso del personal de enfermería son 2.8 por cada mil habitantes.

Detalla que, por entidades, hay amplia desigualdad en la concentración de personal especializado: en 2014 Chiapas contaba con 0.4 médicos por cada mil habitantes, mientras que Ciudad de México había casi 2 galenos, lo que representa cinco veces más.

El reporte apunta que entre 2008 y 2016 la carencia por acceso a servicios de salud, medida sólo por afiliación, bajó de 38.4 a 15.5 por ciento. Además, el menor tiempo de traslado promedio al sitio donde reciben atención médica lo registraron las personas que acudieron a consultorios adyacentes a farmacias, con 22.8 minutos, seguido de los centros de salud con 28.8 y los usuarios de hospitales e institutos tardaron 53.4 en promedio.

El documento precisa que México ocupa el tercer lugar entre las naciones de la OCDE con menor asignación de recursos para salud: 5.8 por ciento del gasto total contra 9 por ciento del promedio de los países miembros en 2016.

Refiere que el sistema se encuentra fragmentado ya que existen diferentes esquemas de aseguramiento que cuentan con su propia estructura de gobierno y sus afiliados sólo tienen acceso a través de redes independientes de prestadores de servicios que son financiados con esquemas distintos.

Destaca que un indicador clave para medir el desempeño de los servicios es la razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos. La meta comprometida por México en los Objetivos de Desarrollo del Milenio era limitar a 22 defunciones por causas maternas por cada 100 mil nacidos vivos para 2015, pero no se alcanzó ya que ese año la mortalidad materna fue de 36.4 muertes.

En cuanto a la calidad de la atención médica, que se mide a través de indicadores de seguridad, efectividad y centralidad en las necesidades de las personas, se observa que para 2017 las entidades con los mayores tiempo de espera promedio en urgencias reportados fueron Aguascalientes, con 51.3 minutos; Estado de México, con 46.9 e Hidalgo, 45.7. Las instituciones, de los gobiernos estatales y del IMSS son las que presentan los mayores tiempos de espera en las salas de urgencias, 56.7 y 51 minutos, respectivamente.