El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la integración de la subcomisión de examen previo, instancia encargada de revisar las solicitudes de juicio político contra funcionarios públicos.

La 63 Legislatura dejó sin revisar más de 250 expedientes de solicitudes de juicio político debido a que archivó los casos para no analizarlos. No revisar los expedientes es práctica común en la Cámara de Diputados y de esa forma las acusaciones prescriben.

La 61 Legislatura (2012-2015) acumuló 364 expedientes y los trasladó a la 62 Legislatura (2015-2018), que tampoco entró al fondo de cada caso.

En su reunión del primero de marzo de 2017, la subcomisión de examen previo desechó 109 expedientes porque habían prescrito.

Luego, el 22 de marzo, desechó 58 expedientes; 49 de éstos por considerar que no estaban relacionados con funcionarios públicos que pueden ser sujetos de juicio político, y nueve por fallecimiento de los acusados.

En total, dejó sin atender 197 expedientes a marzo del año pasado. No obstante, continuó la presentación de solicitudes de juicio político y el cálculo de la cámara es que se han acumulado 250.

La subcomisión está integrada por 13 legisladores, entre éstos las presidentas de las comisiones de Gobernación y de Justicia, diputadas Rocío Barrera Badillo (Morena) y María del Pilar Ortega (PAN), respectivamente.