El Senado aprobó con 91 votos en favor y 18 en contra la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Morena logró el aval de casi todos los grupos parlamentarios para modificar la Carta Magna con lo cual, aseguró, se atiende el reclamo de la sociedad en materia de justicia.

Con esta reforma se adicionaron al artículo 19 constitucional los delitos sujetos de prisión preventiva oficiosa: abuso o violencia sexual contra menores; uso de programas sociales con fines electorales; robo al transporte de carga, en cualquier modalidad; desaparición forzada o desaparición entre particulares; portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; corrupción, robo a casa habitación y feminicidio.

Ante los cuestionamientos que recibió el Senado de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar el dictamen en el pleno el senador Antonio Álvarez Lima (Morena) manifestó que “la imposición de prisión preventiva oficiosa no es una acción automática ni fuera de las reglas del debido proceso.

Tampoco es una medida automática ni ilimitada en su duración. El segundo párrafo del artículo 20 de la Carta Magna dispone que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años. Si en ese plazo no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras sigue el proceso, haciendo uso de otras medidas cautelares, agregó.

Para atender los señalamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos la bancada de Morena aceptó modificaciones al dictamen que se establecieron en varios transitorios: en el segundo se indica que el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 constitucional.

En el cuarto transitorio se apuntó que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia de ese decreto. Se precisó que si en cinco años se reducen los índices delictivos la reforma se derogará.

Panistas, voto dividido

El voto del PAN se dividió, aunque la mayoría avaló los cambios. Damián Zepeda y Kenia López hablaron en contra del dictamen porque, aseguraron, atenta contra derechos humanos y tratados internacionales de los que el país forma parte. Sin embargo, Mauricio Kuri y Víctor Fuente lo hicieron en favor.

Las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Claudia Anaya (PRI) se pronunciaron en contra del dictamen, pero el senador Jorge Carlos Ramírez lo avaló. Al final, el tricolor votó en favor con el argumento: No seremos obstáculo en la política de seguridad del nuevo gobierno.

En tribuna, Emilio Álvarez Icaza pidió que no se aprobara la reforma porque la ONU ha señalado su preocupación y alarma por las modificaciones, pero además en la exposición de motivos se señala que se combate al enemigo; en derecho penal es la expresión más autoritaria y regresiva, es un sinsentido de la ley referirse a la lucha contra el enemigo del Estado. Incluso, se subraya que se debe excluir de la sociedad a quienes transgredan de manera sistemática la ley.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que en su bancada votaremos como cada quien considere, y aunque reconoció que la reforma no soluciona el problema, dijo que es un avance para combatir la impunidad, la corrupción y el robo de combustible.