Madrid. En el 40 aniversario de la Constitución española, la formación política Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) presentaron una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I, considerado el artífice de la transición a la democracia, y contra su presunta amante, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La denuncia se presentó con base en filtraciones de prensa que señalan al monarca como líder de una trama para el cobro de comisiones ilegales y lo acusan de nepotismo y de prevaricación.

IU y el PCE, que forman una coalición, decidieron presentar una querella criminal contra quien fue el jefe del Estado durante más de 30 años, Juan Carlos I, quien asumió el poder por designación del dictador Francisco Franco y dirigió la transición a la democracia que impulsó la aprobación de la nueva Constitución española de 1978, y que permitió, entre otras cosas, la legalización de los partidos políticos perseguidor por el régimen fascista.

El acto central de los festejos fue el discurso del rey Felipe VI ante el Congreso de los Diputados, con la presencia de su padre, el rey emérito. Los legisladores de Unidos Podemos –al cual pertenecen IU y el PCE– fueron los únicos que no aplaudieron al discurso del rey, ni a la entrada del rey emérito, y tampoco al finalizar el himno nacional.

Antes de la sesión solemne en el Congreso, el líder de IU, Alberto Garzón, quien desde su adscripción al grupo de Unidos Podemos casi no tiene presencia mediática ni en los grandes debates parlamentarios, decidió hacer pública su decisión de presentar la querella criminal, que además de ir contra el rey emérito y su supuesta amante, también pretende procesar al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; al ex comisario José Manuel Villarejo y a los empresarios Juan Miguel Villar, presidente de la constructora OHL –con numerosos interesas en México e inmersa también en varios escándalos de corrupción– y contra el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga.

Garzón explicó que su denuncia se basa en información periodística que señala al rey emérito como líder de una trama corrupta que consistía en utilizar las instituciones públicas para hacer negocios privados y el cobro de comisiones ilegales.

El líder de IU explicó que sus abogados basan el grueso de sus acusaciones en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta da a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro para adquirir un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudita.

En otro orden, en la ciudad de Girona, principal feudo del independentismo catalán, se reportaron duros enfrentamientos entre activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y agentes de los Mossos d’Esquadra, que tuvieron que emplearse a fondo para impedir que los independentistas agredieran a un grupo de simpatizantes y políticos del Partido Popular y de la agrupación de extrema derecha Vox, que intentaban realizar un acto por la unidad de España en la ciudad. El saldo ofrecido por la policía fue de un independentista detenido y cuatro agentes catalanes heridos.