Toluca, Méx., El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense, apoyado por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), abrogó el decreto 317, mediante el cual la pasada Legislatura expidió la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, conocida como ley Issemym, que modificaba el esquema de pensiones de los servidores públicos de nuevo ingreso e incrementaba sus aportaciones a dicho organismo.

Con la anulación de esta ley, que iba a entrar en vigor el primero de enero, los empleados del gobierno se sujetarán ahora a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2002 y reformada en 2012.

De este modo, Morena cumplió su promesa de campaña con la burocracia mexiquense y anunció que en enero o febrero presentará a la Legislatura una iniciativa para discutirla en el siguiente periodo ordinario de sesiones, en marzo.

En total fueron 53 votos en favor, de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES y PVEM, 19 de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y PAN en contra, y dos abstenciones del Partido de la Revolución Democrática.

Maurilio Hernández, presidente de la junta de coordinación política del Congreso local, informó que la decisión fue responsable y no causará perjuicio alguno a las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), pues el próximo año habrá un nuevo marco jurídico que tomará en cuenta a todos los involucrados.

No hay ningún riesgo de presión o quiebra, pues el próximo año vamos a tener una ley que pondrá a salvo los derechos de los trabajadores y fortalecerá las finanzas, la administración y la operación del instituto, y garantizará un buen servicio, lo que no cumplía lo que acabamos de abrogar, indicó Maurilio Hernández.

En julio pasado, a dos meses de que terminara la 59 Legislatura local, el PRI usó su mayoría para aprobar el ordenamiento que hoy fue abrogado. Los priístas afirmaron que cambiar el sistema de pensiones de un fondo solidario a cuentas individualizadas manejadas por administradoras de fondos para el retiro daría viabilidad financiera al Issemym, que prácticamente estaba en quiebra.

Esa ley también planteaba que el primero de enero las cuotas de los más de 375 mil servidores públicos del estado pasarían de 12.125 a 15.625 por ciento del salario.

La ley Issemym provocó el rechazo generalizado de la burocracia mexiquense e incluso la repudiaron sindicatos alineados con el gobierno, como el de Maestros al Servicio del Estado.