En un radical viraje en su posición ante organismos internacionales, ayer el nuevo gobierno federal reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México enfrenta una severa crisis humana y en materia de garantías fundamentales, como los miles de casos de desaparición forzada.

Durante una audiencia pública en el contexto del 170 periodo de sesiones de la instancia interamericana, que se celebran en Washington, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que en el país hay casi 38 mil desaparecidos; se han descubierto más de 2 mil fosas clandestinas en los pasados 12 años, y alrededor en mil 100 de éstas no se han realizado los procesos de exhumación correspondientes para identificar a las víctimas, debido a la falta de capacidad institucional; y existen 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de los estados.

Subrayó que el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es terminar con la simulación. “De esta magnitud es el problema. No va a ser simulando o negando su existencia como se va a atender y resolver (…) Hay que asumir que México atraviesa por una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos, y tenemos que encararla en muchos ámbitos de la vida nacional”. Agregó que la nueva administración federal estará abierta al escrutinio internacional y a fortalecer las relaciones con la CIDH.

El funcionario indicó que en todas las investigaciones que se desarrollen en los procesos por desaparición forzada, el gobierno mexicano desarrollará procesos para la búsqueda de las víctimas y para actuar contra los responsables, independientemente si se trata de actores particulares o de agentes del Estado. Para fortalecer a las instituciones del Estado se tiene que acabar con la impunidad.

Los comisionados de la CIDH, encabezados por la presidenta de esta instancia, Margarette May Macaulay, reconocieron la posición de las nuevas autoridades mexicanas y se dijeron dispuestos a colaborar en todo lo que se les solicite. Es una muestra de voluntad política y da esperanza a futuro (la nueva postura de México). Ojalá otros Estados copien este ejemplo, señaló Macaulay.

En la audiencia, que se pudo seguir por el sitio web de la CIDH, se presentó el caso de las desapariciones forzadas de entre 37 y 51 personas, entre ellas menores de edad, que se dieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018.

Jéssica Molina, esposa de una de las víctimas en esa ciudad; Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; y Karla Quintana Osuna, integrante del equipo de asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, advirtieron que hay evidencias contundentes (testimonios documentales y audiovisuales) que muestran que los responsables de esas desapariciones son elementos de la Marina.

Exigieron que se investigue de manera diligente los hechos y se busque a los desaparecidos; que cese la criminalización de las autoridades contra familiares, víctimas y defensores de derechos humanos; que en enero se realice una reunión de alto nivel, con representantes del gobierno federal, en Nuevo Laredo, para atender el caso; que se cree un mecanismo de seguimiento de la CIDH, entre otras.

La delegación mexicana escuchó la presentación de estos casos, y Encinas aceptó la reunión de alto nivel y solicitó a la CIDH trabajar para establecer las bases para la creación de un mecanismo de seguimiento y dio su compromiso de resolver la situación.