Las entidades federativas no han sido capaces de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, pese a que desde hace 10 años el Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos para este sector de Naciones Unidas, por lo que está obligado a cumplirla.

Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País, en el que documentó que la mayoría de los estados no cumplen con lo necesario para otorgarles garantías.

En la ceremonia, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el Estado no puede ignorar más a los millones de personas con discapacidad que cada día ven limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país, porque se les niega el acceso a la salud, rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación o empleo, y quienes nunca han tenido la oportunidad de mostrar sus capacidades.

Afirmó que la desigualdad con estas personas se hace patente con datos del propio Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval): el ingreso laboral promedio de los discapacitados es menor en relación con las personas sin discapacidad, la incidencia de pobreza entre los primeros se encuentra 8.5 por ciento por encima del resto de la población.

Además, 60.3 por ciento tiene ingresos menores a la línea de bienestar, con respecto a 52.8 de las demás personas y también en los rubros de pobreza alimentaria.