La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Senado que no se apruebe la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, ya que se ha identificado que esa práctica es contraria a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal, a un juicio justo, con debido proceso y garantías judiciales. Pese a ello, ayer quedó en primera lectura.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hizo llegar al presidente del Senado, Martí Batres, y a los ocho coordinadores parlamentarios, una carta en la que manifiesta su profunda preocupación ante la intención de expandir el uso de la prisión preventiva automática en México.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), envió la misiva del Grupo de Trabajo al Senado a propósito de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, que se aprobará esta semana.

Dicha reforma amplía el listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa (automática) e incluye los siguientes: violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, corrupción y desaparición forzada de personas, y desaparición entre particulares.

El Grupo de Trabajo de la ONU subraya en la carta: Entendemos que durante la discusión en las comisiones del Senado se reconoció que la medida representa un riesgo para los derechos humanos, pero se decidió aprobarla para, presuntamente, complacer la demanda ciudadana de mejoras en las políticas de seguridad.

La ONU recordó al Senado las obligaciones que el país adquirió al firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Enfatizó que en el artículo 9.3 de ese pacto se indica que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general.

El Grupo de Trabajo expresa una serie de preocupaciones ante el hecho de que las iniciativas de forma proponen ampliar (aún más) el uso de la detención como regla general, en lugar de ser aplicada como excepción. Para que sea excepción no puede ser oficiosa.

De igual forma, señaló que el artículo 14.2 del pacto establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, y en ese sentido resulta preocupante que con el solo hecho de una acusación penal las personas deban ser automáticamente privadas de su derecho a la libertad personal, en ocasiones por periodos sumamente excesivos de prisión preventiva, antes de concluir un juicio contradictorio donde se examinan los hechos y el derecho aplicable.

En la sesión de ayer, dicha reforma quedó en primera lectura y se discutirá y votará el jueves.