Pese a que la lucha contra la corrupción fue uno de los ejes de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se encuentra en un estado de incertidumbre de cara al inicio del nuevo gobierno, en particular por el plan de austeridad anunciado por el tabasqueño, el cual parece ser incompatible con la realización de todas las tareas que debe realizar el órgano garante.

Una de las labores que se avecinan para el organismo es la realización de la evaluación diagnóstica de los más de 800 sujetos obligados que ahora se encuentran en su padrón. Por vez primera, el Inai podrá sancionar a los organismos que no cumplan con sus obligaciones de transparencia con medidas que van desde una amonestación pública hasta una multa económica de mil 500 veces la unidad de medida y actualización.

De hecho, el Inai interpuso por primera vez una medida de apremio, en este caso a la Procuraduría General de la República, por no haber dado a conocer las carpetas de la averiguación previa del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pese a que se le ordenó hacerlo en octubre pasado.

Ante dicho panorama, uno de los posibles motivos de tensión en el organismo de transparencia es el del presupuesto, que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo una dinámica ascendente.

En 2013, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) recibió fondos por 518 millones 979 mil 976 pesos, que aumentaron sucesivamente a 607 millones 689 mil 543 pesos en 2014; 893 millo-nes 200 mil 824 en 2015; 937 millones 860 mil 865 en 2016; 955 millones 861 mil 35 en 2017, y mil 98 millones 478 mil 640 en 2018.

El promedio de aumento anual es de 17 por ciento, aunque de 2014 a 2015 fue de 46 por ciento, porque el Ifai asumiría nuevas competencias y tendría más trabajo. Sin embargo, esto no ocurrió al aprobarse en 2017 la Ley General de Protección de Datos Personales, ya que el presupuesto del año siguiente sólo aumentó 14.9 por ciento.

La tendencia de alzas anuales podría revertirse en el contexto del plan de austeridad anunciado por López Obrador, el cual plantea –entre otros temas– que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente: 108 mil 248 pesos.

A dicho escenario, de por sí complejo, se suman las críticas que ha hecho el líder de Morena a los comisionados del Inai, a quienes calificó como una burocracia dorada que supuestamente gana 250 mil pesos mensuales (la cifra real es 194 mil pesos) y no ha hecho nada para evitar la corrupción.

El eventual recorte que podría sufrir el Inai no parece ser compatible con la ampliación de sus facultades, ocurrida en mayo de 2015 tras la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual faculta al instituto a analizar la actuación de sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos o cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recur-sos públicos.

Un reto más que el Inai tendría que resolver con menos recursos ante la llegada del nuevo gobierno es el de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual no ha logrado consolidarse debido a que, desde su lanzamiento en 2016, presentó errores técnicos que lleva-ron a muchos órganos garantes estatales a revivir los sistemas Infomex anteriores.

Incluso, como informó este diario en su momento, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que la creación de la plataforma había generado un presunto daño patrimonial por 11.1 millones de pesos debido a diversas irregularidades.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para enrarecer la atmósfera del Inai, en marzo de este año la ex presidente del organismo de transparencia, Ximena Puente de la Mora, renunció a su cargo para optar por una diputación plurinominal por el PRI, lo que le valió duras críticas por parte de sus colegas e incluso de ex comisionados.