En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.