Buenos Aires. A poco menos de dos días de terminada la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, autorizó a los agentes de las fuerzas federales de seguridad usar armas letales para disparar por la espalda ante la fuga de quien haya cometido delito, quien represente un peligro o de quien se sospeche que pueda serlo, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, lo que fue denunciado aquí como una ley para matar con impunidad.

El Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego publicado este lunes en el Boletín Oficial, que violenta el Código Penal, fue firmado el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para entrar en vigor dos días antes del comienzo de la Cumbre del G-20, que transcurrió aquí el 30 de noviembre y el primero de diciembre, y se dijo que iba a ser transitorio.

Dispone además que el uso de armas letales es válido en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves o para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

El artículo segundo del reglamento determina que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. La disposición, que deroga cualquier otra anterior que contravenga la actual, autoriza a disparar –como lo hizo el policía local Luis Chocobar– contra quien se fugue luego de haber causado, o de haber intentado provocar muertes o lesiones graves.

Pero nadie explica cómo se sabe si alguien intenta provocar lesiones graves, ya que esto libera de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El caso Chocobar impactó en el país, ya que este policía disparó y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 19 años, quien huía de un asalto a un turista herido por otro delincuente. Esto ocurrió en diciembre de 2017 y mintieron las autoridades de Seguridad y la mayoría de los medios masivos que responden automáticamente al gobierno, diciendo que el joven huía con un cuchillo en la mano, que nadie vio. Ante la demanda de la madre del joven y de otros organismos, el presidente Macri decidió recibir como héroe al policía Chocobar junto a la ministra de Seguridad.

A partir de entonces han sido ejecutados de la misma manera varios jóvenes en distintas circunstancias, incluso por equivocación o por sospechas. Uno de ellos, el mapuche Rafael Nahuel, muerto en Río Negro en noviembre de 2017, quien no portaba armas y fue literalmente asesinado por la espalda cuando huía de agentes de la prefectura que entraron a reprimir para desalojar familias de esa etnia de sus tierras.

A pesar de todas las pruebas, la ministra Bullrich calificó a los mapuches de terroristas y defendió a la prefectura; hasta hoy no se ha hecho justicia.

El día antes de comenzar la Cumbre del G-20, el juez Guillermo Lleral, quien llevaba la causa sobre la desaparición y asesinato del joven artesano Santiago Maldonado en la provincia de Chubut el año pasado, dio por terminada la investigación y cerró el juicio, atribuyendo la muerte a un conjunto de incidencias, por lo que no señaló a nadie como responsable.

Nada decía que esto sucedió en el contexto de una brutal represión de casi cien gendarmes contra un grupo de siete mapuches, a los que solidariamente Maldonado acompañaba en su protesta, ya que querían sacar a su comunidad de sus tierras ancestrales para favorecer a empresas extranjeras en el lugar. Maldonado fue perseguido por gendarmes hasta un río cercano y estuvo desaparecido durante 80 días. Curiosamente apareció muerto en el mismo río, que fue rastrillado varias veces.

Pero lo más grave es que el juez Lleral se comunicó con la madre de Maldonado para adelantarle el fallo y le confesó que había sido duramente presionado para cerrar la causa.

Todo esto sucedía en medio de la cumbre, y los organismos de derechos humanos denunciaron a la ministra Bullrich, quien desde el primer momento defendió a la gendarmería, mientras funcionarios de seguridad presionaron al primer juez de la causa que debió apartarse.

Frente a las demandas de los organismos humanitarios, Aministía Internacional advirtió que en el fallo no figura el contexto en que se produjo la desaparición de la víctima ni las circunstancias. Por otra parte, se pide aquí la renuncia de Bullrich y analistas destacan la constante acción del gobierno de Macri sobre la justicia y los jueces.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como autora intelectual del cierre de la causa: “Desde que asumió no hace más que tratar de exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos.

Que un juez diga que por presiones tuvo que resolver en favor de la impunidad nos deja en el desamparo institucional ante cualquier operativo represivo de este gobierno, denunció la agrupación H.I.J.O.S. de desaparecidos.