Un centro de inteligencia clandestino operado por entre 30 o 40 agentes investigadores, ubicado en una calle del centro de la Ciudad de México, fue descubierto hace poco más de dos semanas casi por casualidad, cuando una factura por el cobro de la renta del edificio donde se alojaba no tenía respaldo en la lista de inmuebles arrendados por el gobierno capitalino.

A decir de algunos empleados, las operaciones en el lugar datan de hace cuando menos cinco años, aunque hay quienes aseguran que los trabajos se iniciaron con anterioridad, pero no dan alguna fecha más o menos precisa del inicio de actividades. El local cuenta con dos pisos, en los que hoy sólo se hallan algunas computadoras viejas, y las oquedades en las paredes advierten claramente la existencia de cámaras de vigilancia.

El gobierno actual se ha negado a liquidar un adeudo a la empresa que reclama el pago de rentas de enero a marzo por 574 mil pesos, y de marzo a diciembre por un millón 723 mil. La factura tiene la razón social Sterling Capital, SA de CV, pero más que describir su actividad productiva en el nombre, toma el segundo apellido del diplomático cubano Márquez Sterling –importante actor en el episodio de la Revolución Mexicana conocido como la Decena Trágica–, que está inscrito en las láminas de identificación de la calle donde se halla.

Sterling Capital no tiene registro en Internet como empresa mexicana, aunque tiene como apoderada a Verónica Castillo, y una duda sobre su labor y su existencia hizo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México enviara a un grupo de investigadores para saber con certeza cuál era la función que se desempeñaba en el lugar.

El contrato de arrendamiento dice que las oficinas deberían servir para el uso de diversas unidades administrativas dependientes del gobierno central, y fuentes de la PGJ aseguran que en las primeras indagatorias se pedirá al director ejecutivo de administración de la jefatura de Gobierno, Carlos Efrén Guzmán López, que explique algunos tramos confusos que no se han podido aclarar, y que no se transparentan en el mismo contrato.

Los visitadores de la PGJ hallaron, primero, que quienes trabajaban allí eran agentes investigadores de la propia procuraduría, 30 o 40, que no daban reportes a la dependencia, y que su trabajo era espiar a personas, según informaron, pero no quisieron decir más, y despidieron a los servidores que a su regreso, algunos días después, hallaron que el inmueble había sido desmantelado.

El primer grupo de visitadores se topó con una guardia de agentes investigadores que les impidió el paso. Aunque formaban, o forman, parte de la misma procuraduría, les negaron el acceso con el pretexto de que ellos sólo recibían órdenes del gobierno central. Los nombres de los agentes no se hallaron en la lista de comisionados y, por tanto, tampoco se detallaba cuál era su función. En la procuraduría no sabían de la existencia de ese centro y se está en la investigación de los agentes que se hallaban comisionados porque, como ya se dijo, no rendían ningún tipo de informe a sus superiores.

Para el gobierno entrante, y principalmente para la nueva procuradora, Ernestina Godoy, el asunto puede complicarse aún más porque los contratos de los que hemos hablado no existen en el acta de entrega-recepción del gobierno saliente al que llega.

El reto de recomponer el aparato de trabajo dentro de la procuraduría será más que arduo, porque en las primeras inspecciones sobre el estado de la dependencia hay muchas áreas oscuras de las que no se ha podido obtener la información que esclarezca sus funciones.

De esa manera, el relevo de más de un par de cientos de mandos medios y superiores de todas las dependencias, tanto de la procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Pública, parecen ser un hecho. Claudia Sheinbaum ha ordenado esa acción.

No obstante, el gobierno actual, con los datos que ya tiene, ha dado cuenta a la PGJ y ya se levantó un acta que da fe de todo el movimiento que se efectuó en ese centro de la capital del país, cuando menos lo que han podido investigar hasta el momento.

Ahora toca al gobierno de Sheinbaum exigir que las actividades de ese centro, que si bien era mantenido con dineros y gente empleada por la administración saliente y actuaba aparentemente fuera de su control, se den a conocer en todos sus renglones.

Esto, porque en las primeras declaraciones de quienes vigilaban el lugar, las investigaciones que se realizaban en ese centro tenían como blanco no sólo a diversos funcionarios del gobierno, sino a muchos ciudadanos comunes.

Algunos miembros del gobierno consultados sobre un posible espionaje en su contra, y que por el momento prefieren guardar el anonimato, aseguran que les han mostrado copias de sus conversaciones en algunos chats,tal vez como advertencia o como amenaza. La investigación apenas se inicia.