s unánime la opinión de los estudiosos de los temas ambientales, así como de la población que padece los efectos de la contaminación y la pérdida de recursos naturales: el sexenio que recién concluyó es el más gris de nuestra historia en dichos rubros y el más tolerante con quienes depredan el patrimonio natural de México. Por principio, entregó los asuntos ambientales a un fiel aliado electoral del PRI, ese negocio familiar mal llamado Partido Verde Ecologista de México, que hoy vive su peor momento.
Los frutos de esa decisión están a la vista: protestas de las comunidades por la acción de las compañías mineras que contaminan los recursos hídricos y el aire; por la privatización del agua en beneficio de negocios particulares; la promesa de mejorar la calidad del aire en las 50 principales ciudades del país, no se cumplió. Se calcula que por ese motivo mueren cada año más de 31 mil personas. Deben ser más, pues las estadísticas epidemiológicas oficiales no son óptimas. A ello se agregan los enfermos y el ausentismo escolar y laboral por la contaminación atmosférica. Se desconoce su número. Otra falla de dichas estadísticas.
También nos dejó menos biodiversidad al perderse extensiones considerables de bosques y selvas. En lo que va del siglo suman más de 3.5 millones de hectáreas. En el sexenio peñista, más de un millón. En tanto, fueron muy cuestionados los programas de reforestación y se estima que la mitad de los suelos se hallan degradados por mal uso o erosión por la falta de cubierta vegetal. Agreguemos la ocupación anárquica de la franja litoral por grandes consorcios turísticos nacionales y extranjeros y por la obra pública mal planeada. Esto constituye una grave falla, pues el aumento del nivel del mar por el calentamiento global ya afecta ciertas partes de la zona costera.
Los funcionarios presumieron avances notables en el manejo de las aguas residuales de las poblaciones, la industria y la agricultura. No es así. Hay severos problemas en las 300 principales cuencas hidrográficas, convertidas en basurero final de todo tipo de desechos. Igual sucede con buena parte de las lagunas costeras e interiores del país.
Prometieron solucionar el tema de la basura, en especial la que se arroja en sitios inadecuados. Tampoco fue verdad: contamina mantos freáticos y atmósfera. Además, apenas se recicla 5 por ciento de los desechos generados por los asentamientos humanos, el comercio y la industria. También nos dijeron que los hogares y las escuelas disfrutarían de agua potable, para ayudar a contrarrestar los efectos nocivos que ocasionan a la salud los refrescos de las grandes trasnacionales. Pero en ninguna ciudad el agua que se surte a los hogares, comercios y servicios diversos reúne los estándares de calidad que fijan las normas internacionales. Y por lo menos una cuarta parte de los hogares no recibe permanentemente el preciado líquido. A ello se suma la que se proporciona a los centros educativos que disponen de dicho servicio. No es potable y todavía miles carecen de ella especialmente en el agro, pese a la promesa de que la tendrían.
Aunque los responsables de cuidar la salud en México saben los numerosos y negativos efectos que ocasionan los plaguicidas en las personas y el medio, se siguen aplicando en diversas regiones del país con el visto bueno de quienes debían prohibirlos o regular estrictamente su uso. Lo anterior muestra otro problema que hereda el equipo gubernamental que recién inició labores: la descoordinación entre las dependencias vinculadas con el ambiente. Una, por ejemplo, debe cuidar la salud pública, otra, el medio ambiente, pero una tercera alienta el uso de sustancias químicas muy nocivas en el agro so pretexto de combatir las plagas o aumentar la producción agrícola.
En fin, una pesada herencia para los nuevos funcionarios, que han prometido combatir la impunidad y la corrupción. En el campo del ambiente tienen mucha tela de dónde cortar. Esperemos que existan los recursos, la voluntad política, el respaldo legislativo y el personal adecuado y suficiente para enderezar el barco.
