Apoyo en la ONU a presos de Tlanixco
na campaña por la libertad de seis nahuas de San Pedro Tlanixco recorre México y muchas partes del mundo. Se trata de Pedro Sánchez, Teófilo Pérez, Rómulo Arias, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez y Dominga González, por quienes nueve relatores y un grupo especial de la ONU también se han pronunciado, pues su encarcelación, hace más de 10 años, es producto de un proceso de criminalización por su participación en la defensa del agua.
El proceso judicial contra los indígenas del estado de México, señala la ONU, careció de las garantías del debido proceso
y la condena a más de 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak Basso y privación de la libertad, se dio en un contexto de desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia
. Para ellos y ella no hubo respeto al principio de individualización de la pena, a pesar de las notorias contradicciones
en los testimonios de los denunciantes, entre ellas que dentro de sus declaraciones los 11 testigos señalaron haber visto, en el lugar de los hechos, a personas que no estuvieron presentes.
El inédito pronunciamiento de la ONU, avalado por 10 procedimientos, entre los que se encuentran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, advierte que los testimonios en los que se basaron las condenas son incoherentes e inverosímiles
.
En el diagnóstico del organismo internacional quedó claro que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas no se basaron en pruebas imparciales
y, en consecuencia, a los indígenas no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse
.
La ONU instó al gobierno mexicano a enviar en un plazo máximo de 60 días la información sobre la evidencia y la base jurídica para los arrestos, detenciones y condenas contra los defensores, así como indicar si las autoridades han desarrollado estudios de impacto social y ambiental relacionados con las concesiones del agua en Tlanixco.
Lo que sigue es su inmediata libertad y que el Estado se responsabilice de la injusticia en su contra. Que les pidan perdón, no que los perdone.
